Las cesiones de suelo público a empresas privadas llevan a otro capítulo negro que lastra, y lastrará aún más en el futuro, la vida de los madrileños. La gestión del suelo es básica en aspectos medioambientales, de equipamientos o para el tema de la vivienda. Y el desastre que está originando es de difícil solución. Una vez más, dejaré de lado las corruptelas que se dan en todos los partidos políticos, los maletines a cambio de favores, los coches de lujo conducidos por concejales. Es un tema grave, claro que sí, pero que, en mi opinión, empequeñece si, al repasar los muchos casos turbios centrados en el suelo acaecidos en nuestra Comunidad, vemos que se está consolidando una gestión municipal que roza el expolio de lo público y que la autoridad competente en esta materia, que no es otra que la Comunidad de Madrid, no sólo mira para otro lado sino que está más que salpicada.
Villanueva de la Cañada, Tres Cantos, Torrelodones, Galapagar, Colmenar de Oreja, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Pozuelo, Alcorcón… la lista es interminable. En todos ellos encontramos un patrón de actuación consolidado: los ayuntamientos sacan adelante planes de desarrollo que recalifican terrenos pertenecientes a familiares, a sociedades participadas por ediles o a antiguos socios y luego conceden los permisos de construcción a familiares, sociedades participadas por ediles o antiguos socios. Tipos con un estupendo manejo de la bola de cristal compran solares rústicos a precio de ganga un mes antes de que esas mismas parcelas sean recalificadas, alcaldes desaprensivos recalifican espacios protegidos para levantar pisos… Lo peor no es que algunos constructores se tomen unas “vacaciones” en su actividad ladrillera y se pasen durante un tiempo a la política, ni que intenten beneficiar a amigos o familiares, ni que un concejal acepte unos milloncejos.
El verdadero problema surge:
- Cuando la Comunidad de Madrid compra suelo para vivienda pública a pastón el metro a una empresa privada que lo había adquirido antes a un ayuntamiento a precio de ganga (Colmenar de Oreja).
- O cuando el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada permuta terrenos rústicos por urbanizables, lo que se salda en un “regalo” de más de tres millones de euros para varios terratenientes (lo menos importante es que un de ellos sea primer teniente de alcalde de la localidad, simples coincidencias, lo gordo es que la alcaldesa diga que esa práctica es habitual y que es “política social”).
- O que sea la propia Comunidad de Madrid la que recurra al “todo vale” para sacar adelante el proyecto de la carretera M-501 en una zona de máxima protección ecológica (y que sea la UE quien le tenga que decir que dividir el proyecto en cinco “subproyectos” para minimizar su impacto es hacer trampas).
- O que la Comunidad de Madrid decida que los agentes forestales no pueden denunciar delitos medioambientales relacionados con la construcción cuando en otros lugares de Espala contribuyen a limitar el binomio “ladrillo-bosque talado” al ser los autores del 90% de las denuncias (así salió a la luz el caso Andratx en Baleares, por ejemplo; quizá alguien quiere que no se repita).
- O que el mismísimo director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid tenga que dimitir después de que se revelara que aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de acceder al cargo y que después cedió sus contratos a una empresa fundada por él años antes y propiedad de sus ex socios…y de su hija (el dimitido es el “señor” Enrique Porto, y su padrino político fue otro tipo que os sonará: Romero de Tejada).
Vemos que la gestión indebida del suelo (por no usar otros términos) llega a los mismos despachos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina Esperanza Aguirre, su presidenta? Pues que mejor no habla, que ella misma tiene los solares de corbata. Bueno… moderación, objetividad, sin sulfurarse. Pasemos por alto que una sociedad familiar de su tío materno José Gil de Biedma ganó 2,1 millones de euros por vender unos terrenos cuyo plan de urbanización desbloqueó el “señor” Porto. Pasemos por alto que cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de la presi se levantaron más de ocho millones de euros por el acreditado método de comprar unos solares rústicos por cuatro duros, esperar un mes a que se recalifiquen (¡qué suerte, oye!) y volverlos a vender a precio urbanizable. Pasemos también por alto que la Comunidad levantara la protección de una vía pecuaria de gran valor ambiental, histórico y cultural que atraviesa una finca propiedad de la familia de la presi y donde querían construir un centro de convenciones y de banquetes de bodas (otras 14 veredas de El Escorial, menos valiosas, siguieron estando protegidas). Sigamos pasando por alto y dejemos de lado que el AVE tiene una estación en Yebes, un respetable pero perdido pueblecito de Guadalajara donde el marido de Espe y su familia tenían fincas para aburrir y donde ahora están levantando Valdeluz, una ciudad en mitad de la estepa castellana pero a orillas del fértil trazado Madrid-Barcelona (15 minutos a Madrid, me dan ganas de comprarme un pisito allí).
Sí, dejemos de lado todo esto. A la vista de la generalización de los escándalos y del perjuicio para el patrimonio público que esto supone, ¿no debería la presidenta al menos tomar medidas drásticas para acabar con esta situación? Nadie más eficaz para perseguir estos delitos y abusos, y para ponerle todas las trabas posibles, que la Comunidad de Madrid. Pero Espe no hace nada, el tiempo pasa y cada vez será más difícil parar esta bola de cemento y ladrillos.
