lunes, 26 de octubre de 2015

Valle Luna, alcaldesa de Moraleja de Enmedio: “Los filtros de la Comunidad han fallado y ahora no podemos pagar ni la luz”

Moraleja de Enmedio tiene 5.000 habitantes y una deuda de 30 millones de euros. Cada habitante del pueblo debería pagar 6.000 euros para zanjar la deuda, principalmente con proveedores del Ayuntamiento. Durante la anterior legislatura, como si de un poblado chabolista se tratara, varios edificios públicos se engancharon directamente a la electricidad sin comunicárselo al proveedor y cuando venían técnicos de la compañía se encontraban los paneles eléctricos precintados por lo que no podían averiguar qué sucedía.
El anterior alcalde, Carlos Alberto Estrada (PP), estuvo en el cargo durante 16 años y fue detenido dentro de la trama Púnica en junio. Está imputado por fraude, malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Algunas de las empresas más presentes en la trama corrupta como Cofely y Waiter Music fueron contratadas por Moraleja. El tamaño y los ingresos de este pequeño municipio del suroeste madrileño no fueron óbice para que fueran contratados cantantes como Isabel PantojaCarlos BauteVíctor Manuel y Ana Belén o Andy y Lucas.
La nueva alcaldesa, Valle Luna (PSOE), asegura que aparte de intentar ir pagando, poco a poco y con retraso, los sueldos de los empleados municipales los únicos gastos que desembolsa el Consistorio son la gasolina de los coches de la Policía Municipal y recientemente un pedido de papelería para poder tener folios. Moraleja de En medio no paga luz, agua, gas ni otros suministros.
Como tantos otros municipios pequeños, una parte fundamental de los ingresos del pueblo son las subvenciones y ayudas para pagar los servicios. La alcaldesa denuncia que en el pasado el Ayuntamiento tuvo acceso a estas ayudas, que cifra en 77.000 mensuales, porque desde la Casa Consistorial se enviaba en la solicitud un documento presuntamente falsificado que acreditaba que el municipio carecía de deudas con la Seguridad Social.
Asegura que cuando el nuevo equipo de Gobierno certifica que la deuda al respecto es de más de cuatro millones de euros deja de poder acceder a estas ayudas ya que es requisito indispensable estar al corriente de pago.
Luna explica a politicalocal.es que la situación Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio es “catastrófica”. El municipio está ahogado y con poco margen de maniobra para afrontar los servicios que requieren sus 5.000 habitantes. “La Comunidad tiene parte de la responsabilidad y no pueden ahogar ahora al pueblo denegando el acceso a las subvenciones, porque a los ciudadanos de Moraleja les hacen falta”, explica.
¿Cuál es la situación económica de Moraleja de Enmedio?
Tiene una deuda aproximada de 30 millones de euros. Nos encontramos con la liquidación de 2014 con un remanente negativo de 28 millones de euros. Se deben ente Seguridad Social e IRPF 4 millones y medio de euros y el resto de la deuda es de pago a proveedores.
Nos encontramos con un Ayuntamiento devastado en el que no hay nada contratado, nada ha salido a concurso. No recibimos tributos del estado; está todo embargado. El 50% se lo llevan la Seguridad Social y el IRPF y el otro 50% se lo lleva el plan de pago a proveedores.
Deberíamos recibir 77.000 euros para sufragar gastos corrientes pero no los recibimos igual que no recibimos subvenciones. Las subvenciones son importantes para nosotros porque tenemos que mantener entre otras cosas una escuela infantil y la BESCAM, además de que nos imposibilita el acceso a otras subvenciones para reparaciones en edificios, festejos y otras cosas del día a día. No podemos acceder a esto por nuestras deudas con la Seguridad Social.
En el pasado el Ayuntamiento estuvo accediendo a subvenciones porque falsificó presuntamente el documento de los pagos a la Seguridad Social. En lugar de presentar el documento real, según el cual debemos 4,5 millones, se presentaba uno en el que decía que la deuda era cero.
Ahora hemos hecho lo que había que hacer: presentar el documento real. Y no solo nos niegan las subvenciones sino que además es posible que tengamos que reintegrar las subvenciones que se han concedido mediante el documento falso.
Remití a la Comunidad de Madrid una carta quejándome de que sus filtros han fallado en Moraleja y ahora no podemos ni pagar la luz. Deberían haber sido más exhaustivos. Creo que ya que tienen parte de la responsabilidad no pueden ahogar ahora al pueblo denegando el acceso a las subvenciones, porque a los ciudadanos de Moraleja les hacen falta. Deberían permitirnos entrar en algún plan de pago especial a proveedores para que al menos podamos tener acceso a estas ayudas.
¿Cómo se están desarrollando estas negociaciones?
Tuve una primera reunión hace un mes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que le planteé todos los problemas: no recibimos tributos ni subvenciones; debemos 30 millones; no podemos pagar ni la luz; ni el agua ni a los empleados municipales. Me dijeron que se hacían partícipes de la situación pero me tiraron de las orejas diciéndome que yo no había remitido la última liquidación; que yo no había hecho un plan de ajuste cuando el que no lo hizo fue el Gobierno del Partido Popular. ¡Nosotros entramos en junio! Lo que nos ofrecieron fue un plan de financiación a 10 años y a un 1 y pico de interés. Para un municipio de 5.000 habitantes pagar en 10 años una deuda de 30 millones de euros no es ni siquiera negociable. Pagar más de 200.000 euros al mes es imposible para Moraleja.
A lo que me comprometí fue a hacer a la mayor brevedad un plan de viabilidad, a mandar todas las liquidaciones que no estuvieran remitidas y a averiguar qué había pasado en las cuentas del Ayuntamiento. Estamos a expensas de concretar una segunda reunión para negociar un plan de financiación al que realmente nos podamos acoger.
Nosotros ya hemos hecho el plan de viabilidad y nos hemos acogido a un Real Decreto para poder recibir un anticipo de los tributos de este año 2015. También se ha remitido toda la información que nos han requerido así que ahora la pelota está su tejado.
¿En qué consiste este plan de viabilidad?
Trataremos de reducir los gastos y aumentar los ingresos que es lo que hay que hacer. Aun no podemos desarrollarlo porque hasta abril del año que viene no es cuándo podremos implementarlo y solicitar ayudas. Queremos realizar una disminución del gasto paulatina. No vamos a crear 3 tasas y voy a subir costes.
De momento, como no podemos gastar, ya estamos reduciendo al máximo el gasto. Nuestra idea, que hemos plasmado en este boceto, es conseguir un equilibrio entre ingresos y gastos en el tiempo.
Están negociando también con la Comunidad de Madrid ¿Qué les han dicho?
Ha una semana estuvimos en la Comunidad y tuvimos una reunión con el viceconsejero de Hacienda y la viceconsejera de Educación. Les expusimos tanto el problema que tenemos para afrontar el pago tanto de las BESCAM como de la escuela infantil y como al no recibir ayudas no podemos cubrir ni siquiera el gasto.
Creo que la Comunidad debería ser algo menos estricta en los requisitos con un municipio cuya situación económica es catastrófica. El Ministerio y la Comunidad deberían tener una conversación para que puedan comprobar la buena disposición que tenemos para trabajar y afrontar los pagos. Pero no pueden pedir imposibles cuando no tenemos ni para pagar la luz.
¿Qué gastos tiene el Ayuntamiento y cuáles pueden efectuar?
Estamos intentando poco a poco pagar las nóminas. El miércoles pagamos media nómina de agosto. Debemos aun las nóminas de septiembre y ya casi la de octubre. Pagamos un poco de gasoil para que puedan circular los coches de la policía y ahora vamos a pagar un pedido de papelería para tener folios. No estamos pagando nada más. El Ayuntamiento ahora mismo no tiene liquidez para pagar absolutamente nada.
Lo que sí estamos pagando, a diferencia de lo que se hacía antes, son los seguros sociales y el IRPF de cada nómina porque no hacerlo es un delito. El mes que viene tenemos un pequeño respiro porque recibiremos el cobro del IBI, pero en tres meses volveremos a estar sin dinero para poder atender a pagos básicos como la luz, el agua, el gas y otros servicios esenciales. Por ejemplo tenemos una escuela infantil y no podemos hacer frente a los gastos si no nos ayuda la Comunidad.
¿Qué problemas hay con la esta escuela infantil?
Cuando llegamos nos encontramos con el problema de que necesitábamos contratar a un educador para el buen funcionamiento. Por un lado la Comunidad de Madrid me dice que es nuestra responsabilidad contratar y por otro lado el Ministerio dice que no podemos hacerlo por la deuda que tenemos.
Estamos dando el servicio que podemos. Hemos contratado una empresa de catering para que coman los niños pero son facturas que no podemos pagar. En algún momento tendremos que pagar al catering o a la empresa de limpieza. Si no recibimos ninguna ayuda es la pescadilla que se muerde la cola. Nos tienen que dar alguna solución porque se está dando un servicio pero no sabemos por cuánto tiempo.
La Comunidad estuvo de acuerdo con el anterior equipo de Gobierno con abrir esta escuela infantil y tiene que darnos una solución.
En junio, al poco de ser nombrada Alcaldesa, estuvieron a punto de cortarles la luz. ¿Qué pasó?
Que había enganches ilegales. Cuando nos lo dijeron no me lo creía. Teníamos un colegio enganchado a la corriente eléctrica de forma ilegal. También estaban así el centro polifuncional de Moraleja, el polideportivo… Podía plantearme que no se pagara la luz pero que hubiera instalaciones municipales enganchadas ilegalmente nunca.
A las dos semanas de estar aquí trabajando recibí una llamada del director del colegio pidiéndome que fuera que les iban a cortar la luz. Tras enterarme de que estaba enganchado ilegalmente negociamos con Iberdrola y llegamos a un acuerdo de que no cortaran a cambio de hacer un plan de pago tanto con Iberdrola comercializadora como con Iberdrola distribuidora. A día de hoy sigo negociando con ellos porque ahora mismo es imposible asumir el pago. No tenemos liquidez.
¿Cuál ha sido la relación del Ayuntamiento con la trama Púnica?
El ex alcalde Carlos Estrada tiene dos imputaciones. Por una parte en la Púnica está imputado por el contrato de ahorro energético con Cofely y los pagos a Waiter Music. Aquí se pagaron una serie de facturas de unos costes excesivos. No es normal que a Moraleja, un municipio de 5.000 habitantes, hayan llegado a venir Isabel Pantoja, Carlos Baute, Victor Manuel y Ana Belén o Andy y Lucas.
También está imputado, en un caso que denuncia del Partido Socialista, por falsedad documental, apropiación indebida, delito contra la seguridad social y delito contra la hacienda Pública. Además hay problemas con otros contratos que estamos analizando.
¿Qué contratos?
Nos encontramos con que la escuela de música tiene un contrato a 25 años de 5 millones de euros. Un contrato abusivo. Creemos que las bases de contratación no eran lícitas por lo que paralizamos ese contrato y es posible que tengamos que ir a juicio.
En su día se construyó un centro acuático en un espacio público. La construcción del centro la paga el Ayuntamiento pero la explotación se le cede a una empresa que se queda con toda la recaudación y además recibe 60.000 anuales. Pero no solo eso, el Ayuntamiento también debe pagar luz, aguas, gas… todo el suministro. Con lo cual para la adjudicataria es un negocio redondo.
Estamos analizando ambos contratos, el de la Escuela de Música y el del Centro Acuático. Queremos saber a quién, por qué y cómo se han adjudicado estos contratos.

miércoles, 7 de octubre de 2015

3ª DEMANDA PROCEDIMIENTO ORDINARIO ARRIBAS Y FORTEZA

El pasado 07 de octubre de 2015 recibo un comunicado del despacho de abogados Arribas y Forteza que lleva la tramitación de la 3ª demanda en proceso ordinario, en la que estoy incluido.


En dicho comunicado se dice que el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, al que correspondió la demanda interpuesta frente a ASEFA ha aclarado la sentencia.Se ha declarado por el Juzgado que la condena al pago de intereses establecido en la Sentencia se refiere tanto a los devengados desde las aportaciones como los previstos en la Ley del Contrato de Seguro. 


Ahora no sabemos si ASEFA formulará recurso o aceptará la Sentencia. Espero que en esta ocasión la aseguradora opte por no recurrir (cosa que dudo viendo el proceso de otras demandas interpuestas) y podamos exigir el cumplimiento de Sentencia firme.

lunes, 10 de agosto de 2015

El exalcalde de Moraleja dimite tras el escándalo de la ropa para pobres

Carlos Alberto Estrada, investigado por la trama Púnica, ha sido imputado dos veces por corrupción en los últimos meses. El PP permitió que se presentara a las elecciones


El exalcalde popular de Moraleja de Enmedio (Madrid), Carlos Alberto Estrada, ha dimitido como líder de la oposición municipal tras publicar este periódico su participación en una red que se lucra con contenedores de ropa donada para los más necesitados. En los últimos dos meses Estrada, que está siendo investigado en la trama Púnica, ha sido imputado dos veces por corrupción, pero el PP le permitió que se presentase a las elecciones. Este periódico no ha conseguido conocer la opinión del PP regional.
El 29 de julio Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, anunció la expulsión de José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, quien, según el sumario de la Púnica, dijo que estaba “tocándose los huevos” porque para eso se había hecho parlamentario. Sin embargo, no dedicó ni una frase a Estrada, dos veces imputado. Él no es un desconocido en el PP. Ha sido alcalde 16 años y presidió la Mancomunidad del Suroeste (2003-2014), que engloba a 10 localidades.[...] El PP estudia presentarse como acusación particular en Púnica.[/...] El Gobierno regional de Cristina Cifuentes, también del PP, se personará.
El pasado jueves EL PAÍS publicaba una información sobre la implicación de Estrada (1971) en una red que -tras presionar a los Ayuntamientos- instala contenedores de ropa usada para hacer negocio. Ese mismo día el exalcalde metió en los buzones de los vecinos de Moraleja de Enmedio -un municipio del suroeste de Madrid de 5.000 habitantes- una carta en la que explicaba su dimisión como jefe de la oposición. Lo hacía por los "episodios desagradables asociados de forma directa, indirecta o por rencor malinterpretado de algunos, a mi persona".
En su misiva no había una sola alusión a su doble imputación. El 11 de junio Estrada declaró ante el juez Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica. El magistrado le dejó libre en libertad, pero imputado por cargos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Su pareja, Teresa Martín, ingeniera del Consistorio, fue imputada por las tres primeras causas.
En mayo Estrada fue imputado además por prevaricación contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad en documento público y fraude de subvenciones, tras una denuncia de los socialistas por presuntas irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento. Moraleja tiene 4.500 euros de deuda por habitante -30 millones en total-, una de las más altas de España.
El también expresidente de la Mancomunidad de municipios del Suroeste de la región asegura que en su dimisión "no han intervenido terceras personas" y que ha tomado la decisión tras solicitar la semana anterior la baja en el PP. Estrada pide a sus vecinos perdón por los "errores que haya podido cometer" y aleja a su antiguo grupo municipal de unas culpas que, por otro lado, no reconoce. "Eximo de cualquier responsabilidad a mis compañeros del Partido Popular de Moraleja de Enmedio, que siempre han estado a mi lado [...] y a los que nunca podré agradecer su lealtad".
Quien ganó las elecciones, pero no gobierna, es su amiga Olga Fernández en Serranillos del Valle. Lidera la oposición del PP, sigue trabajando en Oasis —la empresa de los contenedores— y arrastra un juicio por gastos indebidos con la tarjeta municipal.

Operación Púnica: La red del PP pagó solo 76 euros por 11 contenedores de ropa para pobres

Moraleja de Enmedio estaba gobernado por Carlos Alberto Estrada, amigo de uno de los dueños de la firma.


En 2012 la empresa Oasis, de venta de ropa usada destinada a los más necesitados, en la que se involucraron dos alcaldes del PP (Carlos Alberto Estrada y Olga Fernández) pagó un canon anual de 76,34 euros por instalar 11 contenedores en Moraleja de Enmedio. El municipio estaba gobernado por Estrada, que es amigo de uno de los dueños de la firma. En otros lugares, las tarifas por instalar un solo contenedor oscilan entre 400 y 3.000 euros.
En Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes) está la sede de Oasis Recuperaciones, la empresa que instaló contenedores de ropa usada que los vecinos creían estar donando a familias sin recursos. En realidad, casi toda es vendida a tiendas de segunda mano; el 10% se dedica a uso industrial.
La empresa tenía que celebrar dos jornadas de concienciación medioambiental
El 14 de diciembre de 2011 Estrada, como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, suscribió un convenio marco con Oasis —empresa creada ese día— para instalar contenedores en las 10 localidades que pertenecen al organismo. Ante el juez Eloy Velasco, que le interrogaba por su participación en la trama Púnica, argumentó que hasta entonces campaban por los pueblos “empresas furtivas que no pagaban al Ayuntamiento”. Desde junio de 2012 Moraleja empezó a ingresar siete euros anuales por cada uno de los 11 contenedores. En total, 76,34 euros.
El acuerdo municipal afirmaba que Oasis tenía que celebrar dos jornadas de concienciación medioambiental para que los vecinos aprendiesen a reciclar la ropa.
No demostraba su solvencia técnica y profesional
La cifra es irrisoria en comparación con lo que pagan otras entidades por instalar sus contenedores. Por ejemplo, la propia Oasis cerró un negocio con el Ayuntamiento de Algete en 2013 de 900 euros por contenedor, según consta en el contrato. Y las otras cinco empresas que se presentaron al concurso ofertaron entre 585 euros (East West Productos Textiles) y 857 (Ecotextile Solidarity) por contenedor.
El pasado año Estrada revisó el convenio con Oasis y los siete euros por contenedor pasaron a ser 300. El precio todavía era muy inferior a lo que la empresa abonaba en Algete.
En Valdemoro, cuna de la Púnica, el convenio de Oasis presuntamente no solo se amañó —el arquitecto técnico municipal reconoció ante el juez Velasco que hinchaban la valoración de esta empresa— sino que la compañía pagó 6.000 euros por 25 contenedores cuando otra firma había ofertado 45.000.
Es decir, los municipios bajo la órbita de Púnica —el entonces alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, también está imputado— rebajaban los precios a Oasis, pero no tanto como Moraleja de Enmedio.
El juez Velasco preguntó a Estrada si sabía que Oasis no contaba con el permiso de gestor de residuos no peligrosos o que contrató a su plantilla dos meses después de estar en marcha. Dijo que no. La nueva alcaldesa socialista de Moraleja de Enmedio, Valle Luna, declara: “Los 76,34 euros eran una cantidad simbólica, con eso no se cubren los gastos. El nuevo convenio, de 300 euros por contenedor, es hasta 2016, pero hablaremos con Oasis porque queremos romperlo. Yo, como cualquier vecino, no quiero que la ropa que dono termine en un mercadillo de Gandía”.
La exalcaldesa de Serranillos del Valle, Olga Fernández, también implicada en la trama, aún no trabajaba para Oasis cuando se firmó el convenio por 76,34 euros. Al entrar en la empresa comenzó a presionar a alcaldes con la complicidad de los cabecillas de la Púnica (Francisco Granados y David Marjaliza). “Si me quedo sin Valdemoro me caigo con todo el equipo”, le imploró a Granados días antes de la detención de este.
El acta de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde Oasis también se presentó a un concurso en 2014, pone de manifiesto que la empresa “no subsana [sic] debidamente la documentación: acreditación de solvencia técnica y profesional, certificado CE del fabricante de los contenedores y autorización como gestor de residuos no peligrosos”. El concurso quedó desierto porque las otras dos ofertas admitía no tener un fin solidario.
Diez días antes de las elecciones del pasado mayo —que Luna ganó por mayoría absoluta— Estrada fue imputado tras una denuncia del PSOE por delitos de prevaricación y contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad en documento público y fraude de subvenciones. El PP, pese a la imputación, no puso reparos a que fuese cabeza de lista. Perdió y luego le llegó la imputación por Púnica.

lunes, 27 de julio de 2015

3ª DEMANDA PROCEDIMIENTO ORDINARIO ARRIBAS Y FORTEZA

El pasado 27 de julio de 2015 recibo un comunicado del despacho de abogados Arribas y Forteza que lleva la tramitación de la 3ª demanda en proceso ordinario, en la que estoy incluido.

En dicho comunicado se dice que el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, al que correspondió la demanda interpuesta frente a ASEFA ha dictado Sentencia estimando íntegramente nuestra demanda y condenando a la entidad aseguradora al pago de las cantidades reclamadas más intereses y costas, dándose plena satisfacción a nuestra reclamación.

martes, 21 de julio de 2015

7 hechos que respaldan la pérdida de protección del comprador de una vivienda sobre plano

El pasado 15 de julio el BOE recogía una modificación en la Ley de ordenación de la Edificación (LOE) de 1999 que supone una pérdida de protección al comprador de una vivienda sobre plano a partir del 1 de enero de 2016. Por ejemplo, sólo se asegurará el dinero aportado por el comprador de una casa sobre plano a partir de que haya licencia de obra. Los abogados alertan de que el 80% de las reclamaciones son por anticipos realizados antes de la obtención de licencia.
A continuación detallamos los 7 hechos que desprotegen al comprador de una vivienda sobre plano:
1.- La obligación de asegurar el dinero aportado por el comprador de una casa sobre plano se produce sólo a partir de que haya licencia de obra y los expertos consultados por el diario El País aseguran que el 80% de las reclamaciones son por anticipos realizados antes de la obtención de licencia.
2.- La contratación de aval o seguro ya no tiene carácter irrenunciable, un carácter que así se determinó en su momento por la gravedad social de los fraudes que cometían los promotores contra los compradores de vivienda en los años sesenta.
3.- Eliminación de la ejecutividad del aval bancario. Antes se podía solicitar la devolución directa de lo pagado al promotor o asegurador y banco. Y en caso de que no pagaran el afectado podía reclamarlo por la vía ejecutiva judicial, una vía más rápida y barata que la ordinaria.
4.- Se reduce el plazo para reclamar la devolución del dinero a cuenta en caso de que no se fuera a hacer la vivienda y pasará de 15 años a dos. Los abogados consultados por El País alertan de que se trata de un tiempo exiguo “que se esfuma simplemente con un trámite administrativo municipal”.
5.- La ley entra en vigor en enero de 2016 pero las compañías tienen hasta julio de ese año para redactar las nuevas pólizas, con lo que se desconoce el seguro que se puede contratar en esos seis meses.
6.- El comprador tendrá que estar asesorado por un abogado desde el principio porque con la nueva ley, recae sobre el comprador una serie de requisitos que dificultan la ejecución de la garantía. Por ejemplo, el importe cubierto por la garantía no es el que figura en la póliza, sino que será aquel que consiga justificar. Además, en el momento en que se expide la cédula de primera ocupación o en el momento en que el comprador renuncia a la vivienda, se produce de forma automática la cancelación de la garantía, con el fin de eliminar la responsabilidad de la aseguradora.
7.- derogación del Decreto 3114/68 específico para comunidades y cooperativas de viviendas, con lo que se les rebaja su responsabilidad. 

lunes, 20 de julio de 2015

Salto atrás en la protección del comprador de vivienda

La ley que protege a los adquirentes que anticipan dinero para conseguir un techo ha sido derogada


Los tribunales vienen dando la razón a los que reclamaban la devolución de las cantidades entregadas a cuenta para una vivienda que no se llegaba a hacer o no se hacía en plazo. A partir de 2016 cambiará el escenario y los protagonistas. “Al final de la legislatura, con calzador, en una ley muy amplia de supervisión de aseguradoras (20/2015, de 14 de julio), se alude en la exposición de motivos a la de dotar de una mayor seguridad jurídica al adquirente de las viviendas, cuando, en realidad, solo beneficia a promotores, entidades aseguradoras y financieras. Por el contrario, los derechos del consumidor no se tienen en cuenta”, así de tajante se muestra el abogado Fernando Sacristán, del despacho Sacristán&Rivas.
“Con la norma, aprobada esta semana y que entra en vigor en uno de enero de 2016, la situación es de desprotección del consumidor. Es una regresión”, denuncia Susana Santamaría, del bufete burgalés Iure Iberia que, junto con Julio César Arnáiz, también pleitea hace años para defender a quienes entregan dinero a cuenta por una vivienda y que, el pasado enero, obtuvieron una sentencia del Supremo condenando a pagar a la banca cuando no existía aval o seguro.
PÉRDIDA DE DERECHOS
Los tres abogados coinciden en destacar la pérdida de derechos que supone que la nueva ley 20 derogue la ley 57 del año 1968, alabada como modélica en la defensa de los consumidores por el Tribunal Supremo y que Sacristán resalta que “se considera pionera, a pesar de ser muy anterior a la Constitución de 1978, en la defensa de los principios rectores del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la defensa de los consumidores y usuarios”.
Estos son algunos de los cambios que, a juicio de ambos, supone la ley 20 y la eliminación de la del 68: En primer lugar, la obligación de contratar un aval o de asegurar el dinero aportado se produce solo a partir de que haya licencia de obra. “El 80% de las reclamaciones son por anticipos realizados en fase previa en la obtención de licencia”, explica Arnáiz.
En segundo lugar, el aval o seguro ya no tiene carácter de derecho irrenunciable; como lo es, por ejemplo, el derecho a las vacaciones en un contrato laboral. Y lo era por la gravedad social de los fraudes que se venían cometiendo contra los compradores de vivienda en los años sesenta.
En tercer lugar, se elimina la ejecutividad de la póliza o del aval bancario: se podía solicitar la devolución directa de lo pagado al promotor o aseguradora y banco y, si no pagaban, se iba en vía ejecutiva judicial a reclamarlo; más rápida, segura y barata que la ordinaria.
En cuarto lugar, el plazo para reclamar la devolución del dinero a cuenta cuando no se iba a hacer la vivienda era, por criterio del Supremo, de 15 años. La nueva ley lo rebaja a dos, “un tiempo exiguo que se esfuma simplemente con un trámite administrativo municipal”, coinciden Santamaría y Sacristán.
En quinto lugar, se abre un periodo de gran incertidumbre. Entra en vigor a uno de enero de 2016 y las compañías tienen hasta julio de ese año para redactar las nuevas pólizas, ¿qué seguro se contrata en esos seis meses?
CON ABOGADO
En sexto lugar, el comprador de vivienda a partir del uno de enero del año que viene tendrá que ir asesorado con un abogado desde el principio. “Se hace recaer sobre el adquirente una serie de vigilancias y de requisitos que dificultan muchísimo la ejecución de la garantía”, explica Sacristán. “Para empezar, el importe cubierto por la garantía no es el que figura en la póliza sino que será aquel que justifique: si faltan justificantes de pago verá reducida su indemnización y dificultado su cobro. Y, además, la cancelación de la garantía se produce de forma automática para eliminar la responsabilidad de la aseguradora al expedirse la cédula de primera ocupación o si adquirente renuncia a la vivienda. Y, antes de exigir el pago a la aseguradora, tiene que requerir fehacientemente al promotor para que le devuelva el dinero y dejar pasar 30 días antes de reclamar a la aseguradora. Son requisitos que un ciudadano de a pie no tiene por qué saber”, concluye.
En séptimo lugar, se deroga también el Decreto 3114/68 específico para comunidades y cooperativas de viviendas, rebajando su responsabilidad, así como la Orden relativa a la VPO.
“Los tribunales detectan una demanda social ciudadana y son los jueces los que generan una doctrina que finalmente culmina en una reforma legislativa. Una vez se ha conformado tal doctrina, sellada por el Supremo, no tiene ninguna lógica que el cambio legislativo se produzca en sentido contrario y contra el artículo 51 de la Constitución”, se lamenta Santamaría que cita un caso conocido en Burgos como “el de la construcción”: “un constructor levantó un edificio de seis plantas en el centro, donde solo se podían edificar cuatro y, para cuando el Supremo falló que eran ilegales y debían demolerse, el Ayuntamiento había aprobado un nuevo plan de ordenación urbana admitiendo esas dos alturas más. La sentencia no se pudo ejecutar”.
La mayor seguridad jurídica del adquirente de vivienda, frente al promotor, venía dada por la doctrina del pleno de la sala primera del Tribunal Supremo, desde septiembre de 2013, explica Sacristán, cuyo bufete ganó la sentencia en que se condenada a la aseguradora a indemnizar por los anticipos. “Consagró el derecho irrenunciable a favor de los adquirentes de la cobertura total de las cantidades entregadas a cuenta desde el primer momento. El Supremo había conseguido una gran definición y claridad en los derechos del adquirente de vivienda”.
Arnáiz apunta que la ley de hace 47 años introdujo una novedad importante: “involucraba responsabilizando a bancos y aseguradoras. Les daba un negocio inmenso al hacer obligatorio el seguro pero les obligaba a cubrir la insolvencia de los promotores”. Sacristán explica que algunas compañías pusieron en marcha el seguro en dos tramos: el primero, preliminar, en el que cobraban por garantizar que los fondos que la propia aseguradora controlaba serían destinados a la construcción: no cubría ningún riesgo. Se temen que podría ser reeditado.

jueves, 11 de junio de 2015

El juez del ‘caso Púnica’ deja libre al alcalde de Moraleja de Enmedio

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad al alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio (Madrid), Alberto Estrada (PP), y a la técnico municipal y pareja de este, Teresa Martín, detenidos el martes por la Guardia Civil por el caso Púnicade corrupción en la Comunidad de Madrid. El regidor está acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho, y su pareja de prevaricación, fraude y malversación.
El juez investiga entre otros asuntos, el contrato de eficiencia energética firmado por el ayuntamiento de Moraleja, de 4.100 habitantes, con Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez. Estrada, que ha presidido el consistorio durante los últimos 16 años, adjudicó en abril de 2013 el concurso de ahorro energético por 3,5 millones de euros. Cofely resultó agraciada pese a que su otra competidora, la empresa vasca Elecnor alcanzó una mejor puntuación en la parte objetiva del concurso. Sin embargo, en el apartado “criterios que dependen de un juicio de valor” Elecnor apenas obtuvo 35 puntos frente a los 43 de los franceses. La pareja del alcalde es la técnico encargada de hacer los informes.
Estrada y Martín pasaron este jueves a disposición judicial y han prestado declaración durante unas dos horas. La fiscalía pidió para el regidor en funciones, que perdió las elecciones el pasado 24 de mayo, libertad bajo fianza de 50.000 euros. El magistrado ha optado por dejarle en libertad con la condición de comparecer mensualmente en el juzgado más cercano a su domicilio, según fuentes jurídicas.
Esta tarde, a partir de las 15.30, el juez Velasco ha interrogado como imputados al empresario valenciano Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de contratos de la trama corrupta encabezada por el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y alcalde en funciones de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla.
De Pedro, dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento 'on line' en redes sociales, está en el centro de la investigación por los contratos que le adjudicaron varios organismos públicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Diputación de León. Este imputado se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo que el juez Velasco ha ordenado que entregue su pasaporte como medida cautelar.
El magistrado, que ya le interrogó el pasado 30 de octubre en la primera ronda de comparecencias de la operación Púnica, quiere aclarar en esta segunda declaración los supuestos pagos en negro, por un total de 120.000 euros, que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), dependiente de la Consejería de Presidencia que dirigía Salvador Victoria, habría reclamado a la empresa Indra con De Pedro como beneficiario.
En el caso de Mario Utrilla, el juez le ha preguntado por el contrato de Cofely con el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), el más cuantioso de la trama, 72 millones de euros. Mario Utrilla es hermano del concejal mostoleño del PP Alejandro Utrilla, también imputado en el caso Púnica.

Libertad con cargos para el alcalde de Moraleja de Enmedio y su pareja


El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad, con comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a sus domicilios, al alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita (PP), y su pareja, la ingeniero municipal de este consistorio Teresa Martín, quienes fueron detenidos este miércoles por su presunta vinculación con la trama de corrupción 'Punica', informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha tomado este jueves declaración a ambos por los contratos que el consistorio suscribió con la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, atribuye a ambos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, mientras que al regidor le acusa además de tráfico de influencias y cohecho.

Las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez han solicitado la libertad bajo fianza de 50.000 euros para el regidor y la ingeniero municipal, aunque el magistrado finalmente ha acordado como medida cautelar que acudan mensualmente al juzgado más cercano a sus domicilios. Velasco interrogará también este jueves por la tarde al empresario valenciano Alejandro de Pedro, presunto 'conseguidor' de la red de corrupción Púnica, y al exdiputado del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla.
En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Francisco Granados y el supuesto conseguidor David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

miércoles, 10 de junio de 2015

Detenido el alcalde de Moraleja dentro de la trama 'Púnica'

El popular Carlos Estrada, alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio,está detenido dentro de la Operación Púnica que provocó la detención de seis alcaldes (Collado Villalba, Parla, Valdemoro, Serranillos del Valle, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco), cuatro de ellos de su partido.
La UCO ha registrado también la casa del regidor
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró ayer en el Ayuntamiento a la vez que en otras localidades de Madrid y la Comundiad Valenciana. Se llevó cajas de documentos y precintó el despacho del alcalde. Después la unidad se acercó a la casa del regidor, que llevaba 16 años en el puesto, y continuó el registro. Estrada acudió esta mañana al Ayuntamiento antes de ser detenido.
La firma francesa Cofely -la compañía más implicada en la Púnica-ganó en abril de 2013 el concurso de Moraleja, pese a que la propuesta de la vasca Elecnor —se presentaron solo dos empresas— alcanzó mejor nota en los números objetivos (37,88 puntos de 50, frente a 35,80 de Cofely). Pero en el apartado “criterios que dependen de un juicio de valor” apenas obtuvo 35 puntos frente a los 43 de los franceses. La pareja del alcalde, Carlos Alberto Estrada, es la técnico encargada de hacer los informes.
A principios de mayo Estrada fue imputado tras una denuncia de los socialistas de esta localidad de 5.000 habitantes. La providencia de la jueza de Navalcarnero que lleva la causa no explicó los motivos de la imputación, pero la denuncia del PSOE acusaba al regidor de prevaricación contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad de documento público y fraude de subvenciones. El PP, pese a la imputación, no puso reparos a que fuese cabeza de lista.
Tras la primera imputación Estrada perdió las elecciones
Tras esta primera imputación -previsiblemente el juez de la Audiencia Nacional Eloy de Velasco vuelva a imputarle tras la detención- el PSOE, encabezado por Valle Luna, ganó las elecciones municipales pocos días después con mayoría absouta. Un mazazo para el PP a quien una encuesta local de Al cabo de la calle les daba esta mayoría. El sábado se constituyen los Ayuntamientos.

La Guardia Civil detiene a otro alcalde del PP en relación con la trama Púnica

Se trata del regidor de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, arrestado junto a una técnico municipal después de que el Consistorio fuera registrado ayer
Las detenciones tienen carácter policial y no han sido ordenadas por el juez Velasco, como aseguró el martes la Fiscalía General

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido este martes a la detención del alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, en relación a los contratos firmados por su Ayuntamiento con la trama Púnica. Estrada asistió esta mañana a su despacho en el consistorio, que el PP lleva gobernando 15 años. Tras unos minutos dedicados a la firma de papeles, salió a la calle y ya no se le ha vuelto a ver en la localidad. 
La detención se produce tras el registro practicado este martes por los agentes en las dependencias municipales y está relacionada con la firma de un contrato de 3,5 millones de euros con la empresa de eficiencia energética Cofely. Estrada es el séptimo alcalde detenido por esta trama de corrupción por la que ya han sido arrestados otros cinco regidores del PP y uno del PSOE.
Estrada repitió como candidato del PP en las elecciones del 24M. Su candidatura se mantuvo a pesar de que diez días antes de los comicios se le imputó por un presunto delito de prevaricación derivado de una denuncia del PSOE. Además de Estrada ha sido detenida una técnico municipal 
Los arrestos no se pudieron realizar ayer porque tanto el alcalde como la técnico estaban fuera de España, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. La Fiscalía General del Estado difundió a media tarde del martes una nota adelantando arrestos. Estos no se han producido hasta esta mañana.
La nota de Fiscalía también decía que las detenciones se producirían por orden judicial. Este extremo es desmentido por las citadas fuentes que trasladan, sin dudas, el carácter meramente "policial" de la detención, a la espera de lo que decida el juez Eloy Velasco en el futuro.
El alcalde ahora detenido es muy activo en las redes sociales. Su último tuit es de esta misma mañana. En ese mensaje, Estrada advertía que "el tiempo coloca todo y a todos en su lugar". 


Detienen al alcalde de Moraleja de Enmedio por la trama Púnica


La Guardia Civil ha procedido este miércoles a la detención del alcalde de Moraleja de EnmedioCarlos Alberto Estrada Pita, del Partido Popular. También ha sido detenida una técnico municipal de ese consistorio y a un empresario.
Las detenciones se han producido en el marco de la segunda fase de la Operación Púnica, según han informado fuentes de la investigación. Asimismo, varias personas vinculadas a los ayuntamientos en los que este marse se personaron agentes de la Guardia Civil para pedir documentación, están prestando declaración a lo largo de este miércoles, unos como testigos y otros en calidad de imputados.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará este jueves como imputados al empresario valenciano Alejandro de Pedro, presunto 'conseguidor' de la red de corrupción Púnica, y al exdiputado del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, informaron fuentes jurídicas.

De Pedro, dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento 'on line' en redes sociales, está en el centro de la investigación por los contratos que le adjudicaron varios organismos públicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Diputación de León.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Francisco Granados y el supuesto conseguidor David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

TelemaMadrid Noticas: Detenido el alcalde de Moraleja de Enmedio por la operación Púnica



El alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada (PP), y una técnico municipal del Ayuntamiento de este municipio madrileño han sido detenidos en el marco de la operación Púnica que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Antes de la detención hoy del alcalde, agentes de la UCO registraron ayer este Ayuntamiento en busca de contratos relacionados con esta trama de corrupción. Dentro de esta misma operación, ha sido citado a declarar esta mañana como imputado ante la Guardia Civil el alcalde en funciones de Castellón, Alfonso Bataller.
Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) estuvieron también ayer en ese consistorio desde las 10.00 hasta las 14.36 horas recabando información sobre facturas relativas a la empresa Madiva Editorial, de 3.146 euros cada una.
Los pagos de estas facturas se suspendieron en octubre de 2014 cuando se detuvo al propietario de la empresa Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica y al que mañana tiene previsto interrogar el juez instructor de esta causa, Eloy Velasco.

FuenteTeleMadrid Noticias 10/06/2015

sábado, 30 de mayo de 2015

Entrada en vigor del PGOU tras su publicación en el BOCM

El objetivo no ha sido otro que “preservar legal y patrimonialmente al municipio”, según palabras de Carlos Alberto Estrada

Tras años de espera, burocracia y con el firme objetivo adquirido por el Equipo de Gobierno presidido por Carlos Alberto Estrada de conseguir la aprobación definitiva del Planeamiento Urbano de Moraleja de Enmedio, finalmente el pasado sábado 30 de mayo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba el anuncio que implica su entrada en vigor.

El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio aprobaba definitivamente, en Pleno celebrado el lunes 27 de diciembre de 2010, su PGOU haciendo valer el silencio administrativo, una vez transcurridos los plazos máximos para resolver por parte de la Dirección General de Urbanismo, sin obtener respuesta y supeditando su ejecutividad a la publicación en el BOCM.  El objetivo, como ya manifestara el alcalde hace ahora casi 5 años, no ha sido otro que el de “preservar legal y patrimonialmente al municipio y a sus vecinos cumpliendo así el compromiso adquirido con la localidad”.

De esta manera, y a pocos días del final de la legislatura, el alcalde de Moraleja de Enmedio se despide de su puesto consiguiendo hacer realidad uno de sus principales objetivos: la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

En este sentido, el propio Estrada ha manifestado que “en todo este camino que hemos recorrido, hasta conseguir la entrada en vigor del PGOU, siempre han estado por encima de cualquier otra cosa, los intereses de Moraleja  y de sus vecinos. Ahora, toca recoger los frutos del trabajo realizado durante tantos años y que debería convertirse en una bombona de oxígeno para el municipio”

Publicación en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la aprobación del PGOU

El pasado sábado 30 de mayo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica el anuncio que implica la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de Moraleja de Enmedio aprobado por silencio administrativo el 27 de diciembre de 2010.



Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de Mayo de 2015

jueves, 14 de mayo de 2015

Imputado el alcalde del PP de Moraleja a 10 días de los comicios

El popular Carlos Estrada, alcalde de Moraleja de Enmedio desde hace 16 años, ha sido imputado tras una denuncia de los socialistas de esta localidad de 5.000 habitantes. La providencia de la jueza de Navalcarnero que lleva la causa no explica los motivos de la imputación, pero la denuncia del PSOE acusa al regidor de prevaricación contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad de documento público y fraude de subvenciones.
La querella fue admitida a trámite el febrero. Quizá por eso el PP regional se resistió hasta el último momento —mediados de abril— para anunciar a Estrada como candidato de este municipio ahogado por una deuda de 30 millones de euros, pese a contar con un presupuesto de anual de solo 4,5 millones.
El regidor popular, que niega cualquier irregularidad, asegura que nadie le ha notificado la providencia, que debería estar en sus manos desde la semana pasada.
Según la denuncia socialista, Estrada ha desoído los reparos que ponían los departamentos de Tesorería e Intervención municipales a unos pagos que muchas veces no se ajustaban a la normativa. Y que, además, se dictaban “de manera arbitraria”, abonando antes lo debido a unos contratistas que a otros.
Asimismo, según la querella, no se han ingresado a la Agencia Tributaria las retenciones del IRPF y de la Seguridad Social de los trabajadores municipales, lo que jurídicamente supone una apropiación indebida. Y hay “prácticas falsarias” para obtener subvenciones públicas. De forma que, “se ha seguido un burdo procedimiento de fotocomposición a fin de falsificar el estado real financiero del Ayuntamiento” y enmascarar una deuda con la Seguridad Social de 3,5 millones de euros que imposibilita pedir ayudas públicas. De esta forma fraudulenta, según los socialistas, se pidieron al menos tres subvenciones.
Los problemas de Estrada no terminan aquí. En otoño la Cámara de Cuentas investigó un contrato de suministro de alumbrado por 15 años con Cofely, una empresa francesa implicada en el caso de corrupción Púnica. Moraleja, que gobierna el PP con mayoría absoluta, debía en otoño a los proveedores más de 3.000 facturas.
“Ha sido un arduo y laborioso trabajo, que no ha resultado nada fácil”, asegura la cabeza de lista socialista Valle Luna, “porque el equipo de Gobierno es muy opaco y no colabora en facilitar a la oposición expedientes municipales para que los examinemos”.
Estrada, que aspira a su quinta legislatura —según un sondeo de Sigma Dos para el medio local Al cabo de la calle obtendría el 46% de los votos—, tendrá que comparecer ante el juez el 22 de junio, un mes después de las elecciones.

miércoles, 21 de enero de 2015

El Plan General "da solución" a los problemas estructurales

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio en lo referente al PGOU, desestimando el recurso de casación que presentó la Comunidad de Madrid.

21/01/2015. El alcalde popular, Carlos Alberto Estrada, ha recibido con los brazos abiertos el año 2015, después de que el Tribunal Supremo diese la razón al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y desestimase el recurso que presentó la Comunidad de Madrid. El alto tribunal ha ordenado la publicación del acuerdo por el que se entiende como aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, resolución que el mandatario popular ha calificado como satisfactoria, permitiendo dar un paso más para el proyecto propuesto por su Ejecutivo.

Según ha indicado el primer edil, el planteamiento da solución a muchos de los problemas estructurales que tiene el municipio: “Soluciona agravios comparativos en el casco urbano de Moraleja de Enmedio, como por ejemplo en lo referente a los pisos de dos alturas; además también permite la clasificación del suelo de cara a un futuro”, señalaba el regidor conservador.