Moraleja de Enmedio destinó dinero de una escuela a una piscina de 8 millones

Madrid, 4 nov (EFE).- El exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Estrada (PP) ha reconocido hoy que el Ayuntamiento destinó parte del dinero que recibió de la empresa de la Comunidad de Madrid Arpegio, inicialmente destinado a una casa de niños, a la construcción de una piscina climatizada que finalmente costó 8 millones de euros.

En su intervención en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, ha explicado que en 2006 firmó como alcalde un convenio con Arpegio con el que el Ayuntamiento entregó a esta compañía unos terrenos para la construcción de vivienda joven en el municipio.

A cambio, el Consistorio recibió cerca de 6,5 millones de euros, la mayor parte de los cuales (4,9 millones) iban destinados a "patrimonio municipal de suelo" y el resto (1,4 millones) a la construcción de una casa de niños y una jefatura de la Policía local.

Ninguna de estas dos infraestructuras se pusieron en marcha.

Por el momento, tampoco se han construido las viviendas públicas, debido a los "retrasos" en el desarrollo del plan general de ordenación urbana.

Finalmente, ha señalado que modificaron el contenido del convenio en 2008 porque la Comunidad de Madrid se comprometió a ejecutar una escuela infantil, por lo que esta segunda partida de Arpegio y parte de la primera se empleó en la construcción de una piscina climatizada que llegó a costar ocho millones de euros.

"A día de hoy, la están utilizando todos los vecinos", ha asegurado el exalcalde.

El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha criticado este gasto en un municipio que entonces contaba con poco más de 5.000 habitantes.

"Es muchísimo peor si tengo que construir dos piscinas climatizadas porque la primera se queda pequeña", ha respondido el exalcalde.

Estrada ha apuntado que el convenio con Arpegio (sociedad de gestión del suelo investigada dentro del caso Púnica) se suscribió a finales de 2006 y la piscina fue adjudicada antes, a principios de ese mismo año, ya que entonces el Ayuntamiento "a nivel financiero y presupuestario tenía consignación de sobra" para acometer la obra.

El presupuesto inicial fue de alrededor de 6,5 millones de euros, una cantidad que se incrementó hasta llegar a los ocho millones tras tener que subsanar unos problemas relacionados con la cimentación.

A continuación, a preguntas de la diputada del PSOE-M Encarnación Moya, ha reconocido que finalmente el importe de la piscina se hizo con cargo al plan de pago a proveedores de 2012, algo que ha justificado por el principio de "caja única" del Ayuntamiento.

El exalcalde está imputado en la operación Púnica por delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, por contratos supuestamente irregulares que adjudicó su Ayuntamiento con la empresa Cofely, vinculada a la trama corrupta.

En su comparecencia, ha asegurado que está satisfecho con su actuación como exalcalde y ha dicho que si dimitió de su cargo y solicitó su baja del PP fue para poder "aclarar" los hechos que lo vinculan con la Púnica.

A continuación ha comparecido el exalcalde de Arroyomolinos Juan Velarde (PP), que ha señalado que cuando estuvo al frente del Ayuntamiento sólo firmó un convenio con Arpegio para destinar una parcela municipal a la construcción de viviendas del plan joven de la Comunidad de Madrid.

Además, ha negado haber adjudicado suelo al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la operación Púnica.

Velarde fue imputado en el año 2011 por un supuesto delito de malversación y prevaricación por unas supuestas contrataciones irregulares -que podrían alcanzar los 44 millones de euros-.

Además, el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Arroyomolinos (gobernado por Ciudadanos) presentó en la Audiencia Nacional la documentación correspondiente a las facturas pagadas por el Consistorio a algunas empresas relacionadas con la operación Púnica.

Corresponden a la realización de diferentes eventos y festejos en el municipio durante el periodo 2004-2014, muchos de ellos organizados por la empresa Waiter Music -que aparece en el sumario de la trama Púnica- por un importe de unos 600.000 euros.

El diputado de Ciudadanos César Zafra le ha preguntado por este asunto, pero el exalcalde no ha querido aclarar nada al respecto.

"Aquí estamos hablando de los convenios de Arpegio, no estoy obligado a contestarle nada de Waiter Music", ha comentado.

Velarde se ha mostrado muy tenso con todos los parlamentarios de los grupos de la oposición que han intervenido en la comisión, a los que ha llegado a cuestionar algunas de sus preguntas al decirles que deberían estar "informados y documentados". EFE 

Fuente: La Vanguardia, 04 de Noviembre de 2016

El Ayuntamiento se persona contra Estrada y dos empleadas

Dos Agentes de Desarrollo Local podrían haber ayudado presuntamente al ex-alcalde en la falsificación de expedientes para acceder a subvenciones públicas

26/05/2016. La situación económica y jurídica del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio parece agravarse más cada día. Cuantos más datos recaba el actual equipo de Gobierno socialista y cuantos más datos revelan los medios sobre los procesos abiertos contra el ex-alcalde popular, Carlos Alberto Estrada, más claro parece que esta institución ha estado años funcionando al margen de la legislación.

A finales del pasado mes la actual alcaldesa, María del Valle Luna, daba cuenta de la personación del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio en el proceso que se tramita en el Juzgado nº1 de Navalcarnero y que investiga la presunta falsificación de 45 expedientes para acceder de forma fraudulenta a subvenciones públicas. Un amaño que, de ratificarse -como todo apunta-, podría costar cerca de tres millones de euros en fraude de subvenciones que el consistorio tendrá ahora que devolver.

Pero, más allá de personarse en la causa como evidente parte perjudicada, el Gobierno que dirige Luna ha ampliado la querella, por la que Estrada ya está imputado, contra otras dos empleadas municipales. Estas dos Agentes de Desarrollo Local (ADL) presuntamente habrían participado de forma activa en la elaboración de fotocomposiciones y falsificaciones de certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Circunstancia que no se cumplía y que, por tanto, hubiese impedido al consistorio moralejeño acceder a las subvenciones públicas que ahora tendrá que devolver.

Por el momento Estrada está imputado por prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad en documento público y fraude de subvenciones.

Fuente: El Iceberg de Madrid 26/05/2016

La trama Púnica camufló un pago de 30.000 € a un alcalde del PP

La UCO entrega en la Audiencia Nacional un informe sobre el amaño de un contrato millonario de eficiencia energética en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio. La Guardia Civil concluye que el entonces regidor del municipio, el 'popular' Carlos Alberto Estrada, recibió presuntamente una 'mordida' que la red ocultó mediante una empresa 'pantalla' y trabajos inexistentes. Los agentes detallan la existencia de otros dos documentos que confirman el supuesto pago del soborno.

El 1%. Ese es el porcentaje que presuntamente se embolsó el ex alcalde de Moraleja de Enmedio, el 'popular' Carlos Alberto Estrada Pita, por elsupuesto amaño de un millonario contrato de eficiencia enérgética que su consistorio adjudicó a la trama Púnica. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un informe sobre las corruptelas en este municipio madrileño de poco más de 5.000 habitantes en el que se detallan todas las pruebas sobre la 'mordida' que presuntamente recibió el regidor y su compañera sentimental, que trabajaba de técnico en el Ayuntamiento. Ambos fueron detenidos en junio del año pasado. El documento policial detalla el hallazgo de tres pruebas documentales que respaldan las sospechas sobre las irregularidades, entre ellos una factura 'ficticia' de 30.000 euros que coincide con la cantidad supuestamente entregada al ahora ex edil. La cifra representa, exactamente, el 1% de los 3 millones de euros de la adjudicación. Eso sí, los agentes destacan que no iba a ser el único y que, de hecho, los principales implicados ya hablaban de otro amaño en la misma localidad que se frustró por las detenciones.

El informe de la UCO, de 51 folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, dedica un apartado específico a detallar las "contraprestaciones económicas detectadas" por la adjudicación irregular del contrato para la "gestión integral de las instalaciones dealumbrado exterior del municipio de Moraleja de Enmedio". Entre los documentos intervenidos que sustentan la existenta de la 'mordida', los agentes recogen un correo electrónico de 9 de mayo de 2014 entre dos directivos de la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez, Pedro García y Constantino Álvarez, ambos imputados, en el que se recogen referencias a diversos municipios madrileños donde la trama se había asentado. Entre ellos, figuraba expresamente el municipio madrileño con referencias a una "futura licitación de edificios" y al pago pendiente de una cantidad que cifra en "35k€", que los autores del documento policial identifican con 35.000 euros.

El siguiente documento al que se hace referencia es, precisamente, a la factura falsa generada para conseguir dinero líquido con el que la trama pagó la supuesta mordida. Se trata, en concreto, de un albarán girado a Cofely por la empresa Construcción y Reformas de la Peña SL, una sociedad "controlada" por el constructor David Marjaliza Villaseñor, socio y amigo de Francisco Granados. La misma tiene fecha de 5 de agosto de 2014 y su importe sin IVA, 29.976 euros, coincide prácticamente con el de la 'mordida' supuestamente recibida por el Carlos Alberto Estrada. En el concepto, un genérico "realización de varios trabajos". "La cadena de correos electrónicos en donde se localiza la referida factura tiene como receptor de la misma a Pedro García, uno de los principales partícipes en le entramado investigado", resalta el documento policial que también destaca como indicio de la irregularidad que este directivo de la multinacional pertenece a un departamento, el comercial, que es"completamente ajeno" al que debería controlar este tipo de facturaciones de empresas supuestamente subcontratadas.

La agenda de la secretaria de Marjaliza

Finalmente, el tercer documento que apunta a la existencia del pago de la mordida es la agenda intervenida el 27 de octubre de 2014, durante la redada que inició la 'Operación Púnica, en el despacho de Ana María Ramírez, la secretaria personal de David Marjaliza. En ella aparecía una hoja con diferentes anotaciones manuscritas, entre ellas la cifra de 30.000 euros junto a las iniciales "ME" que los agentes apuntan que "pudiera corresponder con Moraleja de Enmedio". El informe de la UCO destaca a continuación que sus sospechas en este sentido fueron confirmadas por el socio de Granados en la declaración "autoinculpatoria" que prestó el pasado 25 de junio ante el juez Velasco. En la misma, el constructor "reconoce haber pagado la cantidad de 30.000 euros al por entonces alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita, en relación al contrato de alumbrado exterior adjudicado a la empresa Cofely".

"Como puede apreciarse -señala a continuación el informe de la UCO- la cantidad apuntada por el encartado Davir Marjaliza en su declaración coincide con la cantidad reseñada en el documento manuscrito anteriormente referidos [la agenda de su secretaria] y resulta concordante con el importe sin IVA consignado en la factura [...], resultado de todo ello y a juicio policial que la emisión de la citada factura emitida por la empresa Construcciones y Reformas de la Peña SL pudo tener como objeto la de recuperar un dinero ya adelantado por David Marjaliza o la de generar el dinero en efectivo suficiente para materializar el citado pago, habiéndose sustentado la misma en una operación mercantil inexistente por unos trabajos que realmente no los había efectuado la referida mercantil". La Guardia Civil concluye su informe con una relación de los ocho delitos cometidos presuntamente por las once personas que de un modo y otro participaron en el fraude. Al alcalde de los 30.000 euros le acusa, en concreto, de prevaricación fraude, malversación y cohecho. A su compañera sentimental, además, de tráfico de influencias y falsedad documental.

UN MUNICIPIO SOBREENDEUDADO

El informe de la UCO sobre los amaños en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio destaca que este municipio atravesaba cuando realizó la adjudicación ahora bajo sospecha una "grave situación económico financiera [...] desde hace años" y que los presupuestos que se aprobaban "no demuestran la realidad actual" del Consistorio. De hecho, destaca la existencia de sendos informes de la Intervención local de octubre y noviembre de 2013 que planteaban "la necesidad de elaborar de un plan de ajuste muy estricto que pudiera solventar la delicada situación". Entre ellas, apuntaban la de "resolver la práctica totalidad de los contratos de servicios en vigor que en ningún caso son esenciales". En este sentido, dichas auditorías recordaban que "los gastos que soporta esta entidad local son muchos mayores que los ingresos que recibe". De hecho, destacaba que se producían retrasos en el pago al personal y no se atendían las obligaciones tributarias y con la Seguridad social. "La situación es insostenible", recalcaban los interventores.

Esto desembocó en que el Ayuntamiento no pudiera hacer frente "ni a la primera de las certificaciones emitidas por la empresa Cofely una vez adjudicado el contrato" por un importe de 187.951 euros. Un inconveniente para la trama Púnica que el entonces alcalde Carlos Alberto Estrada, solventó en 2014 con "un reconocimiento de deuda" que obligaba a la Administración a asumir el pago de todas las facturas. De todo ello, el informe señala como principales responsables al propio regidor y a su compañera sentimental, la técnico municipal Teresa Martín Camacho, también imputada, quienes no se opusieron "a la licitación del contrato, pese a la gravísima situación económica y financiera que atravesaba el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio de la que era directo conocedor y que derivaba en un incumpliento generalizado de los límites presupuestarios y de déficit de la citada Administación local". Todo ello, a cambio de una supuesta 'mordida' de 30.000 euros.

Fuente: VozPópuli 10/05/2016

TeleMadrid Noticias 10/05/2016: El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio en quiebra

El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio está en quiebra. Nóminas sin pagar y gastos corrientes que no se pueden cubrir. El Ayuntamiento ha heredado una deuda de 30 millones de euros del anterior gobierno municipal.

Los trabajadores no han cobrado la nómina de abril y en su plan de ajuste recortará la plantilla en un 28% durante los próximos diez años.

Se habla de unos 20 despidos de trabajadores municipales contratados en base a Convenios que no se han renovado, según confirma María del Valle Luna, alcaldesa de Moraleja de Enmedio. "Aquello que no es competencia nuestra tenedremos que reducirlo pero de una manera progresiva".

El anterior equipo de Gobierno no pago durante 9 años la Seguridad Social y se multiplicaron los enchufes ilegales a la electricidad en polideportivos y escuela. La compañía Iberdrola reclama el pago de 300.000 euros.

Ahora los recortes son la tónica y todos los gastos se miran con lupa. Pero no basta. Desde el Ayuntamiento reclaman la ayuda y la financiación desde el Gobierno Central y el Regional, para superar la situación.

Fuente: TeleMadrid Noticias 10/05/2016

La alcaldesa de Moraleja despedirá al 28% de la plantilla Ayuntamiento

La medida «no tiene vuelta atrás» porque el Ayuntamiento está en quiebra. Afectará a 20 empleados del personal laboral, según CSIF

Los trabajadores del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio atraviesan días complicados. Los rumores acerca de una fulminante remesa de despidos llevan sobrevolando el consistorio desde hace ya muchos meses, pero parece que la cuerda ya no da más de sí y un 28 por ciento de la plantilla tiene un pie fuera. Es la cifra oficial que el Ayuntamiento, dirigido por la socialista María del Valle Luna (PSOE), ha hecho pública.

La semana pasada mantuvieron una de las últimas reuniones con los empleados (tanto funcionarios como personal laboral), a la que acudió la tercerra teniente de alcalde y concejala de Personal, María Ángeles Fernández, y en la que comunicaron que la medida no tenía vuelta atrás. Argumentaron que el consistorio de la localidad se encuentra en quiebra técnica y que, para sacar adelante los presupuestos, debían prescindir del 28 por ciento de los empleados municipales.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) considera que este recorte se aplicará al personal laboral del Ayuntamiento y esto se traduce en 20 personas. No obstante, la propuesta deben llevarla al Pleno municipal y aprobarla antes de que se haga efectiva. Desde el sindicato CSIF explicaron también que la nómina de mayo peligra, según trasladaron fuentes municipales, ya que «no saben si va a haber dinero para pagar». El portavoz del sindicato, Víctor Martínez, explica que ya se han producido otros dos despidos en el último año, a los que habría que añadir las próximas 20 personas que el mes que viene se verán en la calle. «La gente tiene miedo y, sobre todo, una sensación de incertidumbre muy dura hasta que se hagan públicos los nombres», denuncia Martínez. Sobre todo porque, asegura, la mayoría es gente del pueblo y en muchos casos toda una familia se mantiene con un único sueldo.

La alcaldesa socialista ha decidido estos despidos masivos en contra de lo que ella misma y su partido mantuvieron durante el pasado mandato, cuando estaban en la oposición. Así consta, por ejemplo, en una publicación de la página web del PSOE local de abril de 2014, en la que el partido de Luna aseguraba que «los socialistas de Moraleja de Enmedio no son partidarios de despidos en la plantilla municipal como solución a la difícil situación económica actual» de este ayuntamiento, que ya entonces era similar a la de ahora.

Además, el PSOE moralejeño afirmaba entonces que «en ningún momento» se había planteado la posibilidad de llevar a cabo una «reducción en el personal municipal», sino que sus propuestas en este sentido se limitaban a reducir el gasto municipal en materia de personal, pero sin los mencionados despidos.

De hecho, la oposición acusa a la propia alcaldesa socialista de que justo antes y después de las elecciones municipales del año pasado, en las que se hizo con el Gobierno local, mantuvo encuentros con los trabajadores municipales en los que insistió en que no habría despidos como los que, pocos meses después, sí van a ejecutar María del Valle Luna y el PSOE de Moraleja.

Luna también fue noticia el pasado mes de febrero tras denunciar ante el puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos que había desaparecido documentación del consistorio tras la baja de la interventora municipal. La alcaldesa vinculó la desaparición de la documentación y de «sellos oficiales» con la ausencia de la interventora. «Yo no cuestiono una baja, sino que pongo en conocimiento de la Justicia unas conductas extrañas», dijo hace menos de tres meses. Además, la primera edil socialista abrió un expediente sancionador a la interventora por presunto «incumplimiento de las funciones y del control y fiscalización». Ésta, por su parte, anunció que se iba a querellar contra la alcaldesa. «El Ayuntamiento tiene una deuda de 30 millones y eso les impide gobernar, por eso culpan a los funcionarios», dijo entonces. Ahora, el consistorio va a estrechar aún más el capítulo uno, dirigido a gastos de personal.

Fuente: La Razon 09/05/2016

3ª DEMANDA PROCEDIMIENTO ORDINARIO ARRIBAS Y FORTEZA

El pasado 03 de mayo de 2016 recibo un comunicado del despacho de abogados Arribas y Forteza que lleva la tramitación de la 3ª demanda en proceso ordinario, en la que estoy incluido.

En dicho comunicado se dice que el mandamiento de pago librado por el Juzgado para el cobro de las cantidades a las que ha sido condenada ASEFA ha sido recepcionado por el despacho de abogados.

Atrás queda ya el día de adhesión a la cooperativa (septiembre 2007), las falsas promesas y las ilusiones perdidas en la lucha incesante entre la Administración Local y Administración Regional para sacar adelante un Plan General de Ordenación Urbana envuelto en polémica, las protestas frente a las diferentes administraciones, la lucha diaria en el campamento protesta sobre los terrenos donde deberían haberse construido las viviendas, los desencuentros con un alcalde salpicado por casos de corrupción, el sobreseimiento de la demanda del procedimiento penal contra la gestora, el largo proceso judicial desde que se iniciara la demanda del procedimiento ordinario (noviembre de 2013), etc.....

Moraleja de Enmedio, en bancarrota

La alcaldesa socialista ha heredado una deuda de 28 millones del PP. Asegura que, si el Gobierno regional no les ayuda, el pueblo se quedará sin fondos en mayo

La socialista María del Valle Luna se encontró con 30.000 euros en la cuenta del Ayuntamiento cuando se convirtió en alcaldesa de Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes) tras las elecciones de mayo. Fue como abrir la caja de Pandora. “El anterior alcalde (del PP) dejó una manzana envenenada”, asegura. El municipio se enfrenta a una deuda de 30 millones con un presupuesto de cinco millones. Es el segundo con mayor deuda por habitante de la región.
“Me encontré con el colegio, el polideportivo, la escuela infantil y el centro polifuncional con enganches de luz ilegales, lo que ha provocado una multa de Iberdrola de 110.000 euros”, desvela la regidora. Además, el Ayuntamiento debe a la Seguridad Social 4,8 millones, porque no pagaba las cuotas desde 2008. “Así que tampoco podemos recibir subvenciones”, continúa con gesto de resignación.

UN DESARROLLO URBANÍSTICO “DESMESURADO”

 “Como no teníamos suficientes problemas, en junio se publicó el Plan General de Ordenación Urbana, que permite la construcción de unas 10.000 viviendas”, indica María del Valle Luna, alcaldesa del municipio.

“Otra irrealidad más, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de un plan así?”, se queja Luna. El Ayuntamiento ya ha informado a la Consejería regional de Urbanismo de que no tienen capacidad ni para desarrollarlo ni para modificarlo. “Nos han reconocido que es desmesurado”. Pero ahí está.

Enrique Veloso, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, indica que el responsable último de la aprobación de los planes urbanísticos es la Comunidad de Madrid. “No puede ser que se estén autorizando por silencio administrativo, como ha ocurrido con éste o con el de Boadilla del Monte o Brunete”, manifiesta. Para evitar estos “despropósitos”, Ciudadanos ha pedido que se ponga en marcha un plan regional de estrategia: “Sería el instrumento para una planificación territorial con un crecimiento racional”.

La penuria económica le ha dejado poco margen de maniobra. Ha optado por clausurar la última planta del Ayuntamiento “para ahorrar”, y concentrar así a los trabajadores en las dos primeras. “Es lo que haría en mi casa para reducir gastos”, dice la regidora.

El pueblo dio su confianza al PSOE después de ver a Alberto Estrada (PP), que gobernó el municipio durante 16 años, imputado por una denuncia de los socialistas 10 días antes de los comicios municipales. El PSOE acusa al regidor de prevaricación contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad de documento público y fraude de subvenciones.

En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco detuvo a Estrada en el marco de la Operación Púnica. El regidor, que quedó en libertad hace sólo unos días, está acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho.

El juez investiga, entre otros asuntos, el contrato de eficiencia energética firmado con la empresa Cofely. Se adjudicó en abril de 2013 por 3,5 millones de euros. Cofely lo ganó pese a que Elecnor tuvo mejor puntuación en la parte objetiva del concurso. El Ayuntamiento ha rescindido el contrato y ahora se “apaña” como puede. Si se estropea una farola, se llama al electricista. Luna califica los meses pasados de “terroríficos”, sin dinero para llenar los depósitos de los coches municipales ni cargar gasoil en el colegio.

Respiro momentáneo

El cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de algún otro tributo municipal le ha dado un respiro. “Además, nos acogimos al adelanto de los tributos de un año. Pero en mayo se acabó, la vida de este Ayuntamiento es muy corta si no se le ayuda”, dice.
Tampoco puede usar la transferencia de tributos del Estado porque está embargada. Fuentes de la Consejería regional de Medio Ambiente y Urbanismo aseguran que el municipio podrá pagar deudas con los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA).
El anterior equipo municipal dejó un presupuesto “en teoría equilibrado” de cinco millones. “Pero a la Intervención se le olvidó un pequeño detalle: un remanente de tesorería líquido negativo de 28 millones”, ironiza Luna.
El Ayuntamiento ha denunciado a la Guardia Civil la desaparición de documentación, y ha abierto un expediente disciplinario a la interventora municipal.
La alcaldesa se pregunta si nadie sabía lo que estaba pasando en el municipio. “No puedo creer que este señor [Estrada] falsificara documentos diciendo que pagaba la Seguridad Social para recibir subvenciones y nadie se diera cuenta”, relata. “Ahora aparecen 100.000 euros de subvenciones sin justificar. Y yo me pregunto ¿por qué no se controlaban?”.
La Escuela de Música, cuya gestión se privatizó en época del PP, también ha cerrado sus puertas. El equipo de gobierno local considera que el acuerdo era lesivo para el Ayuntamiento, que debía abonar cerca de cinco millones de euros en 25 años.
La portavoz del PP, María Eugenia Barba, dice no estar “nada orgullosa de la deuda que arrastra el pueblo”. Pero recuerda que la alcaldesa estuvo en la oposición cuatro años, “así que debía saber cómo estaba todo”. Luna replica que “no se podía imaginar el desastre” real de las cuentas.
La concejal popular relaciona la deuda con el Plan General de Ordenación Urbanas del municipio, aprobado en 2015 tras 14 años de tramitación. “Muchas cuestiones estaban condicionadas a los ingresos que iban a llegar cuando el pueblo pudiera crecer”, explica. La alcaldesa ha pedido a la Cámara de Cuentas que lleven a cabo una auditoría para conocer cómo se ha gestionado el municipio. El resto de acciones corresponde a la justicia: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió la semana pasada al Ayuntamiento para solicitar información sobre contratos con Waiter Music, investigada también en la Operación Púnica.

Fuente: El Pais, 13 de Marzo de 2016

Los excesos del alcalde de la Púnica: borracho en los plenos y con puti-club "privado"

Un interventor denuncia ante el juez Eloy Velasco las irregularidades del exregidor de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada.

El exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada -imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho-, olía a alcohol en los plenos municipales y tenía su puti-club privado en la discoteca 'Fabrik', según una denuncia incluida en el sumario de la trama Púnica.

Carlos Estrada, del Partido Popular, llegó a la alcaldía de Moraleja de Enmedio en 1999, y, tras 16 años ostentando el consistorio, el PSOE venció en las pasadas municipales de mayo de 2015. Tras los comicios, fue concejal en el municipio, pero por poco tiempo: en agosto decidió dimitir y solicitó su baja en el PP.

Con la explosión del 'caso Púnica' en octubre de 2014, un interventor local presentó una denuncia tras conocer la detención del ex consejero madrileño Francisco Granados y varios alcaldes, en la que exponía a la Guardia Civil los excesos del que fuera alcalde de Moraleja de Enmedio y presidente de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, Carlos Alberto Estrada.

En la denuncia, enviada en abril de 2015, narraba cómo el edil, que llegó a la alcaldía con 28 años y sin acabar sus estudios universitarios, tenía una casa, un coche marca Mercedes CLS de aproximadamente 60.000 euros de precio; una moto marca BMW K 1100 o 1200, de un valor de 18.000 euros; o que había hecho cursos de piloto de vuelo.

"Se rumorea que jugaba y que ha estado desintoxicándose en una clínica por consumo de cocaína y que tiene (o tenía) su 'puti-club' privado en la discoteca 'Fabrik', cercana a Moraleja de Enmedio", recoge la denuncia, que consta en el sumario del 'caso Púnica'. En una sesión plenaria que se celebró en la Mancomunidad "tuve que sufrir el desagradable y vomitivo olor a alcohol que desprendía por su boca cada vez que hablaba, después de haber estado toda la noche de 'farra'".

Detenido tras la denuncia

Tres meses después de esta denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó la detención e imputación de este alcalde y en septiembre del pasado año el magistrado citaba al denunciante en calidad de testigo. "En catorce años de ejercicio profesional bajo su jerarquía he tenido ocasión de conocer todo tipo de irregularidades y tropelías cometidas por esta persona y algunas de quienes la rodean", recogía en la denuncia, ratificada posteriormente ante el juez.

Este funcionario también implicaba en las irregularidades a varios alcaldes y cargos de la Mancomunidad, uno de ellos Gonzalo Cubas Navarro, el alcalde de Torrejón de Velasco y cuñado de David Marjaliza, el socio de Granados y cabecilla de la trama Púnica, que tras su detención e ingreso en prisión ha decidido colaborar con la Justicia e implicar al que fuera la mano derecha de Esperanza Aguirre en la corrupción madrileña.

Confesó financiación irregular

El interventor que decidió denunciar a su superior jerárquico explicó que el alcalde denunciado es de las personas "que hacen de su capa un sayo y pretenden enriquecerse por la vía del ejercicio del poder menospreciando a los ciudadanos". Según los datos que ofrecía, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, con tan sólo 5.000 habitantes, es el cuarto de la Comunidad de Madrid y el vigésimo segundo en España en endeudamiento. Respecto a la Mancomunidad, hay una deuda de en torno los 700.000 euros de los municipios mancomunados, "que jamás se propuso perseguir legalmente mientras yo ejercí allí, dando pábulo a sus amigos alcaldes de otros municipios".

Según le contó el propio Estrada durante los años que coincidió con él en la Alcaldía, habría tenido financiación presuntamente ilegal para las campañas electorales locales; y le confesó tener un arma corta en su poder, con licencia deportiva falsa concedida por la intervención de un policía. Efectivamente, cuando fue detenido se halló en su domicilio una pistola que tenía la licencia caducada desde 2009.

Según le explicó al juez, sufrió una situación de "acoso laboral" por parte de Estrada una vez que se negó a conceder una adjudicación irregular, y a consecuencia de ella el edil le interpuso una denuncia falsa por falsificación de documentos, y que fue archivada por un Juzgado.

"No acceder fue mi perdición"

Respecto de este suceso, narró a Eloy Velasco que la Mancomunidad solicitó en 2010 una subvención a la Comunidad de Madrid para la implantación de nuevas tecnologías. Fue un proyecto que no tenía fecha de entrada, presentado por la vicepresidenta de la Mancomunidad, Olga Fernández y con quien el presidente, según el denunciante, había mantenido una relación personal. La Comunidad les concedió 350.000 euros. "¿Estaba Paco Granados?", le preguntó la fiscal. El interventor sólo conocía que fue la Consejería de Economía quien lo aprobó.

Para la adjudicación del contrato, el presidente le dio un 'pendrive' con el pliego de condiciones que debía presentar pero el interventor denunciante hizo caso omiso porque algunas de las condiciones reflejadas eran incompatibles con la ley. "Deseché esos pliegos y preparé los míos. Cuando se dio cuenta que no lo puse actuó contra mi", explicó al instructor.

"Me pidió colaboración para que yo interviniera en la adjudicación a una empresa concreta", sostuvo. "¿Le ofreció dinero", le preguntó el magistrado. "No, nunca", respondió. Era una orden por su condición de superioridad jerárquica. "Yo por ahí no paso y eso fue mi perdición", atestiguó.

"Absolutamente irregular"

El testigo aportó a la Guardia Civil documentos que acreditarían contrataciones "a dedo", facturas sobre valoradas; empresarios que cobraban IVA a tipos impositivos superiores a los legales; personal enchufado para devolver favores a empresarios amigos; subvenciones para inversiones empleadas en gasto corriente; empleo de certificados falseados de Seguridad Social para poder recibir subvenciones; o falseamientos de asientos de registro de documentos.

Durante su interrogatorio en sede judicial, el instructor y las fiscales de Anticorrupción encargadas del caso le preguntaron por un convenio marco firmado por la Mancomunidad, con Carlos Alberto Estrada como presidente, para la recogida de ropa usada concedido a la empresa Recuperaciones Oasis S.L en 2011, sociedad dada de alta el mismo día que se concedió el contrato, y que está bajo sospecha judicial.

El interventor confirmó que no pasó por la fiscalización previa de la intervención. "Esto significa que alguien lo adjudicó por su propia cuenta y riesgo", añadió. Según explicó, esa concesión fue "absolutamente irregular" porque no pasó por fiscalización.

Fuente: El Español, 7 de marzo de 2016

Sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio

El pasado miércoles, 17 de febrero de 2016, la comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid se reunió para debatir sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Moraleja de Enmedio. 

Sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio