El Gobierno regional echa por tierra las esperanzas que habían recobrado el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, promotores y cooperativistas, ante el anuncio hecho desde el Consistorio de que el nuevo marco urbanístico se aprobaba por silencio administrativo, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado septiembre. “La Comunidad de Madrid ha recurrido al Supremo en casación, por lo que la sentencia no es firme. Pero, de todas formas, el TSJM solo se refiere a un mero defecto de forma que da pie a distintas interpretaciones y, por tanto, no entra en el fondo del plan general”. Así se resume la postura del Gobierno regional.
El Ayuntamiento había presentado recurso contra una resolución de la Comunidad de Madri, de enero de 2011, que determinaba el incumplimiento de los recursos legales para publicar en el Boletín Oficial de la región el anuncio del acuerdo municipal que 15 días antes había aprobado definitivamente el Plan General por silencio administrativo, al entender que habían transcurrido los cuatro meses de plazo que tenía la Comunidad para rechazar o aprobar el documento.
El de Moraleja es uno de los planes que más se está haciendo de rogar. Se contrató su redacción en 2001 antes de que el boom inmobiliario iniciara su vertiginoso recorrido y sigue sin aprobarse.
Fue elaborado por Plarquin Consultores antes de que uno de sus ejecutivos, Enrique Porto, fuera nombrado director regional de Urbanismo —y posteriormente cesado por presuntas irregularidades—. Ese mismo año, en 2001, fue presentado ante el Ayuntamiento, siendo aprobado el avance un año después. En ese primer documento, el plan de Moraleja pretendía recalificar 742 hectáreas para construir 3.500 viviendas y un polígono industrial junto a la autopista de peaje R-5. Y otras 2.176 hectáreas quedaban protegidas, 637 dentro del parque del río Guadarrama.
Era un plan, hasta entonces, asumible y con todos los visos de ser aprobado sin mayores problemas. Pero en 2005, con el trazado de la autopista de Toledo (AP-41) y de las carreteras M-407 y M-410, todo cambió. La necesidad de ajustar los sectores urbanizables obligó al Ayuntamiento a incrementar el suelo recalificado. Hasta 1.175 hectáreas, el doble de las previstas, pasando el número máximo de viviendas de 3.500 a 10.000.
Nadie entonces, desde el Gobierno regional, planteó reticencia alguna, y el Ayuntamiento presidido, antes y ahora, por el popular Carlos Alberto Estrada, siguió adelante con la tramitación. Unas 3.500 viviendas protegidas al sur, bien separadas de las 6.500, en su mayoría unifamiliares, proyectadas al norte.
Aproximadamente un tercio de esos chalés quedaban perfectamente ubicados a ambos lados de la autovía de Toledo, donde la mayoría de los terrenos estaban en manos de la inmobiliaria San Román. Level, Montejano y Los Arenazos se repartían los dos tercios.
Hubo que esperar hasta diciembre de 2010 para que todos, Ayuntamiento, cooperativistas y promotores, se toparan de bruces con la realidad. La de que la Comunidad de Madrid se cerraba en banda a aprobar una propuesta excesiva y la de que la devolvía al Consistorio para que “la adecuase a la demanda real y previsible de la población, que en los últimos 15 años ha crecido solamente en 2.400 habitantes”, argumentaba el entonces director de Urbanismo, Raimundo Herráiz.
Todos empezaron a echar números y a nadie les salían. Las empresas con más suelo se quejaban de que habían adelantado dinero al Consistorio para urbanizar y los cooperativistas porque veían alejarse el sueño de tener una vivienda en Moraleja. Pero no cedieron en el empeño. Era empezar de nuevo y buscar soluciones para los casi mil cooperativistas que habían pagado importantes cantidades. Entre ellas, como dejaba entrever el propio Herráiz, la de una fórmula más ágil para desarrollos como el de La Tenería. Con el dinero aportado se habían adquirido más de treinta fincas para edificar en todos los sectores del plan general, salvo el S.1-Golf. Para las primeras promociones de VPO las aportaciones variaban entre 39.000 y 63.000 euros, y oscilaban entre 69.000 y 78.400 euros para los chalés.
Una solución un tanto forzada fue la aprobación municipal, en noviembre de 2011, de una modificación puntual de las normas vigentes para que se pudiera avanzar en parte de la urbanización.
De esa manera se reducirían de 9.683 a 2.781 las viviendas previstas, quedando como VPO unas 1.400, y los desarrollos urbanísticos se realizarán por el método de cooperación en lugar de la compensación, con vistas a agilizar plazos y ser el propio Ayuntamiento, y no los dueños del suelo, el que los fije. La modificación tampoco llegó a ser aprobada.
