El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad al alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio (Madrid), Alberto Estrada (PP), y a la técnico municipal y pareja de este, Teresa Martín, detenidos el martes por la Guardia Civil por el caso Púnicade corrupción en la Comunidad de Madrid. El regidor está acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho, y su pareja de prevaricación, fraude y malversación.
El juez investiga entre otros asuntos, el contrato de eficiencia energética firmado por el ayuntamiento de Moraleja, de 4.100 habitantes, con Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez. Estrada, que ha presidido el consistorio durante los últimos 16 años, adjudicó en abril de 2013 el concurso de ahorro energético por 3,5 millones de euros. Cofely resultó agraciada pese a que su otra competidora, la empresa vasca Elecnor alcanzó una mejor puntuación en la parte objetiva del concurso. Sin embargo, en el apartado “criterios que dependen de un juicio de valor” Elecnor apenas obtuvo 35 puntos frente a los 43 de los franceses. La pareja del alcalde es la técnico encargada de hacer los informes.
Estrada y Martín pasaron este jueves a disposición judicial y han prestado declaración durante unas dos horas. La fiscalía pidió para el regidor en funciones, que perdió las elecciones el pasado 24 de mayo, libertad bajo fianza de 50.000 euros. El magistrado ha optado por dejarle en libertad con la condición de comparecer mensualmente en el juzgado más cercano a su domicilio, según fuentes jurídicas.
Esta tarde, a partir de las 15.30, el juez Velasco ha interrogado como imputados al empresario valenciano Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de contratos de la trama corrupta encabezada por el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y alcalde en funciones de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla.
De Pedro, dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento 'on line' en redes sociales, está en el centro de la investigación por los contratos que le adjudicaron varios organismos públicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Diputación de León. Este imputado se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo que el juez Velasco ha ordenado que entregue su pasaporte como medida cautelar.
El magistrado, que ya le interrogó el pasado 30 de octubre en la primera ronda de comparecencias de la operación Púnica, quiere aclarar en esta segunda declaración los supuestos pagos en negro, por un total de 120.000 euros, que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), dependiente de la Consejería de Presidencia que dirigía Salvador Victoria, habría reclamado a la empresa Indra con De Pedro como beneficiario.
En el caso de Mario Utrilla, el juez le ha preguntado por el contrato de Cofely con el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), el más cuantioso de la trama, 72 millones de euros. Mario Utrilla es hermano del concejal mostoleño del PP Alejandro Utrilla, también imputado en el caso Púnica.
Fuente: El País, 11/06/2015
