El Ayuntamiento sostiene que los servicios de informática que se pagaron no se llevaron a cabo
Moraleja de Enmedio, gobernado por el PSOE, ha denunciado a la interventora titular en el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero y a un empresario por falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento ha detectado que la funcionaria podría estar implicada en la manipulación de una factura de 35.164 euros por un trabajo de informática, que se abonó sin que se llevara a cabo. Ambos declararán en septiembre en calidad de investigados por un caso similar destapado en Serranillos del Valle.
Moraleja de Enmedio (4.984 habitantes) y Serranillos del Valle (3.990) están unidos por La Púnica, por el lastre de la deuda que han heredado de las corporaciones del PP anteriores y ahora por una denuncia contra la interventora titular, que ya no trabaja en el municipio, y un empresario. El municipio presentó el jueves pasado una querella contra la funcionaria y el antiguo proveedor de los servicios informáticos municipales, porque consideran que podrían haber incurrido en los delitos de falsedad de documento público y privado, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Los hechos se remontan a una factura que se presentó al cobro con cargo al plan de pago a proveedores de 2012 por 35.164 euros. La había emitido un empresario autónomo por un único encargo de “mantenimiento de red interna informativa y conexión entre los edificios municipales”, que se remontaba a 7 de diciembre de 2006.
Pero el equipo de gobierno ha detectado una supuesta "manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo inscribió". Salvo esa factura, no consta en el Ayuntamiento ninguna otra prueba que acredite la prestación del servicio o que ese fuera el precio establecido. La interventora habría participado supuestamente en el fraude.
El Ayuntamiento indica en un comunicado que le resulta "ciertamente sospechoso" que se encargase dicho servicio por "semejante cuantía y sin expediente alguno de contratación". Sobre todo, porque unos meses después sí se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicar un contrato menor para realizar un trabajo similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000 euros. La alcaldesa de la localidad, María del Valle Luna, anuncia que van a proceder a la fiscalización de los 23 millones de euros del pago a proveedores, porque “ya hemos detectado más facturas que podrían estar en la misma situación”.
La denuncia se ha interpuesto en el mismo juzgado que investiga hechos similares detectados por el Consistorio de Serranillos del Valle, presuntamente cometidos por las mismas personas, tanto el empresario como la funcionaria, que también prestaba allí sus servicios como interventora acumulada.
En su caso, el procedimiento ya está en marcha y el juzgado ha llamado a declarar a ambos en calidad de investigados en septiembre, informa el alcalde de la localidad, el independiente Ivan Fernández. “El empresario lo confesó todo en el Ayuntamiento después de que le pedimos la devolución del dinero y le comunicamos un embargo”, relata el regidor. En el caso de Serranillos, y siempre según la declaración que realizó el informático en el Consistorio, las facturas no existían y la funcionaria y él se habrían repartido el importe cobrado, dice Fernández.
Montaje de documentos
Junto a la denuncia anterior, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio presentó otra también el pasado jueves contra el anterior alcalde, Carlos Estrada y dos funcionarios. Les acusa de falsificar certificados que daban fe de que el pueblo se encontraba al corriente de de sus tributos con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda, cuando no era real. Para acceder a las subvenciones que concede la Comunidad de Madrid es requisito imprescindible estar al día en el pago de las obligaciones tributarias.
“En 2014, visto que no pudieron obtener los certificados positivos” de dichos organismos, el alcalde y los dos funcionarios, “decidieron falsificarlos y remitirlos junto con la demás documentación”, expone la denuncia. Para ello, llevaron a cabo un montaje. Usaron el documento en el que se mostraba la situación real enviado por la Seguridad Social el 4 de agosto de 2014 que cuantificaba la deuda en 3,4 millones, y otro del que no se conoce su procedencia.
Igual de falso sería otro certificado que muestra que el pueblo pagaba en fecha a la Agencia Tributaria. Este sería otra composición, según afirma un informe de Intervención de 2014. Previamente, la corporación municipal liderada por Estrada tramitó varios aplazamientos de la deuda, “sin intención de cumplir con el plan de pagos propuesto”, solo pretendían “obtener los certificados de estar al corriente del pago”, añade la denuncia.
UNA DEUDA DE 38 MILLONES CON UN PRESUPUESTO DE 3,6
El anterior alcalde, Carlos Estrada (PP), imputado en el caso Púnica, dejó al pequeño municipio del sur de Madrid en una situación económica de quiebra. “Nos encontramos con 38 millones de deuda y un presupuesto que no llega a los cuatro”, explica la alcaldesa María del Valle Luna (PSOE). Cada habitante toca a 7.600 euros.
El pueblo tampoco puede acceder a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid, porque no está al corriente del pago con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. En total, deben seis millones. “A pesar de ello, estamos abonando los sueldos y algunas facturas a proveedores sin ayuda del Gobierno de Cifuentes, hacemos magia”, ironiza la regidora.
Ahora parece que se abre una puerta al final del túnel. El Gobierno central ha aprobado unos paquetes de medidas a los que se pueden acoger. “Nos permitirá financiar la deuda a 10 años con una carencia de tres”, explica. De esta forma, podrán optar a las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid. Aún así, Valle opina que el Ayuntamiento no conseguirá dejar atrás la deuda en 60 años.
Fuente: El País, 29 de julio de 2017
