El pasado 1 de octubre unos cien cooperativistas se instalaron en el terreno donde deberían construirse las 1.200 viviendas de esta cooperativa para protestar ante "la pasividad del Ayuntamiento de Moraleja y de la Comunidad de Madrid" en la aprobación del plan de urbanismo que daría luz verde a la construcción.
Tras rebajar la Comunidad de Madrid de 10.000 a entre 2.500 y 3.000 el número de viviendas que pretendía construir el Ayuntamiento, los cooperativistas están a la espera de que el consistorio haga una modificación de las normas subsidiarias del PGOU, ha explicado a Efe el portavoz de los cooperativistas, Carmelo Plaza.
Cerca de treinta acampados siguen resistiendo "tras casi diez meses de agotamiento físico y psicológico" que supone dormir en tiendas de campaña e improvisadas casetas, sin que haya avances en la solución del problema.
"Pensábamos que el verano se haría más llevadero que el invierno cuando soportábamos temperaturas de -7º C , pero las altas temperaturas diurnas, la escasez de sombra y la retirada por parte del Ayuntamiento del agua corriente, que al principio de la acampada nos facilitó, hacen que durante el día la estancia en el campamento sea difícil", denuncian los acampados.
Según un portavoz de los servicios técnicos del Ayuntamiento, tras confirmar la Comunidad que la reducción prevista se puede hacer por modificación puntual de las normas subsidiarios del PGOU, "los técnicos municipales están trabajando en el documento de avance de planeamiento", pero no están en condiciones de estimar cuánto tiempo puede tardar aún todo el proceso.
El avance de planeamiento, una vez terminado, será enviado a la Comunidad de Madrid, que dispone de seis meses para presentar el correspondiente "estudio de impacto territorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno" y, desde ese momento, se podrán constituir las Juntas de compensación, ha explicado la misma fuente.
Mientras, las familias afectadas ven cada vez más cercana la posibilidad de que su cooperativa entre en concurso de acreedores, en el que "probablemente y como mucho, cada socio recupere sólo un 5% de lo invertido, de una media de 50.000 euros por 1.200 familias", señalan en un comunicado.
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