Urbanismo: de reforma en reforma hasta la desregulación final
El desarrollo urbanístico ha sido, junto con la construcción de infraestructuras de transporte, el principal problema ambiental de la región madrileña durante la primera década de este siglo. En paralelo al boom inmobiliario se ha venido sufriendo un proceso de desregulación de la legislación de suelo (normalmente vía enmiendas “de tapadillo” en las leyes de acompañamiento de los presupuestos): posibilitando la reclasificación de suelo mediante figuras como las Modificaciones Puntuales, sujetas a menores garantías de evaluación ambiental y escrutinio social que los Planes Generales; facilitando las construcciones diseminadas en suelo rústico; o permitiendo las instalaciones deportivas (campos de golf) en suelo agrícola. Para esta nueva legislatura continúan las especulaciones sobre una posible nueva Ley de Suelo autonómica, muchas veces anunciada o filtrada, aunque muchos pensamos que tras las últimas modificaciones en diciembre de 2010 de la Ley del Suelo, que han arrasado los últimos asideros de que disponíamos para tratar de poner coto a la arbitrariedad de las decisiones urbanísticas de ayuntamientos y Comunidad, ya no es “necesaria” una nueva ley ya que la actual permite hacer todo. Los primeros anuncios de la recién reelegida presidenta apuntan a la generalización de la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, un gesto populista que tendría consecuencias negativas incalculables sobre la sostenibilidad del territorio madrileño.
A pesar de este desplazamiento general desde los “grandes proyectos” (protagonistas del boom) hacia los “pequeños chanchullos” de menor escala pero diseminados por el territorio y sin planificación coherente, no podemos hablar de un “cambio de paradigma” ni de una asunción por parte de las élites políticas y empresariales del nuevo contexto económico, productivo, social y ambiental en el que nos encontramos. Numerosos macroproyectos urbanísticos prosiguen su tramitación administrativa pese a la crisis. Es el caso de la Operación Chamartín, los grandes desarrollos urbanísticos pendientes del PGOU de Madrid (Operación Campamento, Valdebebas, PAUs del Sureste, todos ellos anulados por el Tribunal Supremo aunque Ayuntamiento y Comunidad no se den por aludidos), el megaproyecto del Distrito Norte de Alcorcón, con su Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid incluida, o el desarrollo de los Planes Generales aprobados en estas últimas legislaturas. Tampoco hay que perder de vista algunos PGOUs de municipios que podrían ser aprobados definitivamente esta legislatura y que prevén crecimientos aberrantes como Las Rozas, Moraleja de Enmedio o Colmenar de Oreja. La viabilidad económica de estos desarrollos es dudosa, pero desde el punto de vista de las élites locales (y no tan locales) no van a desaprovechar la oportunidad de ir “haciendo los deberes” para tener abundante suelo disponible “para cuando se acabe la crisis”, ya que no hay cambio de paradigma que valga, al menos para los propietarios de suelo que siguen encabezando los bloques hegemónicos en la mayoría de municipios madrileños.
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