El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha anunciado que ayer lunes aprobó en Pleno extraordinario el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio pese a que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid lo ha devuelto porque las 10.000 viviendas previstas para los próximos años no responden a "los criterios de desarrollo sostenible y proporcionado".
El alcalde, Carlos Alberto Estrada (PP), ha asegurado que esta aprobación se ha asentado sobre la base del "silencio administrativo", una vez transcurrido el plazo de cuatro meses establecidos en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid "sin que por parte del Gobierno regional se haya adoptado y comunicado al Ayuntamiento acuerdo expreso alguno respecto al mismo". En este sentido, el Consistorio moralejeño ha informado de que la "última entrega" del PGOU en la Comunidad de Madrid está fechado el 22 de junio de este año.
El regidor popular ha concretado que el "objetivo" de "esta línea de actuación es proteger legal y patrimonialmente al municipio y a sus vecinos", y se ha reafirmado en el "compromiso adquirido con los vecinos de la localidad en el programa electoral". En esta línea, ha asegurado que, pese a la oposición del Gobierno regional, "los vecinos de Moraleja cedieron hace seis años su suelo para beneficio de todos los madrileños y, a día de hoy, no han recibido compensación alguna".
La aprobación plenaria se ha producido después de que la Comunidad devolviese el PGOU al Ayuntamiento por considerar que las 10.000 nuevas viviendas que prevé el documento multiplicarían por siete su actual población y el parque de viviendas --actualmente, cifrado en 1.400--, porcentaje que "no se ajusta a los criterios de desarrollo sostenible y proporcionado" que se está aplicando en todo el territorio regional.
El PGOU de Moraleja, según fuentes regionales, incrementaría la población de manera "excesiva" al pasar de los 5.000 habitantes actuales "a los casi 35.000", por lo que han aconsejado que la propuesta municipal se adecue "a la demanda real y previsible de la población".
Fuentes municipales han explicado, por su lado, que se ha llevado a Pleno el documento urbanístico para hacer valer el "silencio administrativo positivo", si bien han puntualizado que la Ley del Suelo regional establece que "el mero transcurso de los plazos fijados en la misma sin notificación de acuerdo expreso determina la aprobación definitiva del PGOU".
En este sentido, la aprobación ha contado con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y con la abstención del PSOE, cuyo portavoz, Enrique Tobaruela, ha fundamentado su abstención en lo que ha calificado como "una supuesta falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid".
El regidor popular ha concretado que el "objetivo" de "esta línea de actuación es proteger legal y patrimonialmente al municipio y a sus vecinos", y se ha reafirmado en el "compromiso adquirido con los vecinos de la localidad en el programa electoral". En esta línea, ha asegurado que, pese a la oposición del Gobierno regional, "los vecinos de Moraleja cedieron hace seis años su suelo para beneficio de todos los madrileños y, a día de hoy, no han recibido compensación alguna".
La aprobación plenaria se ha producido después de que la Comunidad devolviese el PGOU al Ayuntamiento por considerar que las 10.000 nuevas viviendas que prevé el documento multiplicarían por siete su actual población y el parque de viviendas --actualmente, cifrado en 1.400--, porcentaje que "no se ajusta a los criterios de desarrollo sostenible y proporcionado" que se está aplicando en todo el territorio regional.
El PGOU de Moraleja, según fuentes regionales, incrementaría la población de manera "excesiva" al pasar de los 5.000 habitantes actuales "a los casi 35.000", por lo que han aconsejado que la propuesta municipal se adecue "a la demanda real y previsible de la población".
Fuentes municipales han explicado, por su lado, que se ha llevado a Pleno el documento urbanístico para hacer valer el "silencio administrativo positivo", si bien han puntualizado que la Ley del Suelo regional establece que "el mero transcurso de los plazos fijados en la misma sin notificación de acuerdo expreso determina la aprobación definitiva del PGOU".
En este sentido, la aprobación ha contado con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y con la abstención del PSOE, cuyo portavoz, Enrique Tobaruela, ha fundamentado su abstención en lo que ha calificado como "una supuesta falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid".
TRAMITACIÓN DE DIEZ AÑOS
Desde el Ejecutivo de Carlos Alberto Estrada han explicado que el PGOU "sufre una tramitación de diez años", durante los que "las administraciones regional y nacional han ido incrementando el número de viviendas para evitar pagar de sus arcas las indemnizaciones correspondientes a los propietarios afectados por las cesiones de suelo para las carreteras AP-41, M-407 y M-410" y "para poner a disposición de la Comunidad de Madrid los suelos para un nuevo instituto y una escuela infantil, así como las infraestructuras de una nueva depuradora de aguas residuales, el desvío de líneas de alta tensión o el soterramiento de líneas de alta tensión en el término municipal".
130 MILLONES
En este sentido, el Gobierno local ha explicado que, en 2009, se produjo un acuerdo entre la Consejería de Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento para desarrollar el PGOU con 9.653 viviendas en dos fases, acuerdo que, según ha remarcado, "hasta la fecha permanece sin cumplirse".
Por otro lado, el Ejecutivo municipal tampoco ha dado su visto bueno a la propuesta de la Comunidad de intentar solventar algunos problemas --como el caso de los 1.200 cooperativistas de 'La Tenería' que adquirieron terrenos para sus viviendas-- mediante otras fórmulas urbanísticas.
Sobre ello, el Ayuntamiento ha precisado que "el problema del PGOU no es sólo el de los cooperativistas que, justamente, reclaman sus derechos, sino --ha agregado-- los 130 millones de euros que tendría que asumir la Administración regional para pagar expropiaciones y asumir el coste de infraestructuras supramunicipales".
Por otro lado, el Ejecutivo municipal tampoco ha dado su visto bueno a la propuesta de la Comunidad de intentar solventar algunos problemas --como el caso de los 1.200 cooperativistas de 'La Tenería' que adquirieron terrenos para sus viviendas-- mediante otras fórmulas urbanísticas.
Sobre ello, el Ayuntamiento ha precisado que "el problema del PGOU no es sólo el de los cooperativistas que, justamente, reclaman sus derechos, sino --ha agregado-- los 130 millones de euros que tendría que asumir la Administración regional para pagar expropiaciones y asumir el coste de infraestructuras supramunicipales".
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Por otro lado, unas 300 personas afectadas por la devolución del Plan han reclamado "soluciones" al Consistorio y la Comunidad de Madrid para que prospere el documento. Los afectados acudieron ayer a una asamblea en el centro cultural 'El Cerro' para conocer las decisiones de la comisión mixta que habilitó la Junta de Gobierno local "para tratar de consensuar y acercar posturas" tras tener conocimiento de la negativa de la Comunidad al PGOU.
Según han informado fuentes municipales, se ha trasladado a los afectados la decisión de la comisión de "hacer valer el silencio administrativo positivo, amparándose en el vencimiento del plazo de cuatro meses que la ley establece para que se entienda aprobado el Plan desde el momento de su última entrega en la Comunidad de Madrid, fechado el 22 de Junio de 2010"
Según han informado fuentes municipales, se ha trasladado a los afectados la decisión de la comisión de "hacer valer el silencio administrativo positivo, amparándose en el vencimiento del plazo de cuatro meses que la ley establece para que se entienda aprobado el Plan desde el momento de su última entrega en la Comunidad de Madrid, fechado el 22 de Junio de 2010"
Fuente: MadridPress 09/01/2011
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