El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, gobernado por el popular Carlos Alberto Estrada, ha insinuado a través de un comunicado que la Comunidad de Madrid debería asumir parte de los 130 millones de euros en 'cargas urbanísticas' comprometidas por la Administración local a través de la construcción de 10.000 viviendas si finalmente no prospera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio decidió devolver al Consistorio este documento al considerar que el crecimiento previsto multiplicaría por siete su actual población y el parque de viviendas, porcentaje que 'no se ajusta a los criterios de desarrollo sostenible y proporcionado'.
En este sentido, fuentes municipales han subrayado que, si el municipio 'tuviese que 'replantearse' el Plan y proponer un crecimiento progresivo y sostenible, surgiría un nuevo contratiempo, puesto que las cargas urbanísticas asumidas (que ascienden a más de 130.000.000 euros) son proporcionales al número de viviendas que plantea el PGOU'.
Según el Consistorio moralejeño estas cargas derivarían de infraestructuras como el 'desvío de líneas eléctricas, expropiaciones para la creación de carreteras (M-407, M-410 y AP41), el convenio suscrito con ARPEGIO o infraestructuras ejecutadas del Canal de Isabel II'.
De este modo, el Ayuntamiento ha considerado que, dado que 'como en principio la Administración dio por bueno que podrían asumirse estas cargas', en caso de que el número de viviendas que propone el PGOU 'tuviese que reducirse, habría que buscar una solución, que podría pasar por que la Comunidad de Madrid asumiera las cargas derivadas de esta reducción'.
En este sentido, las mismas fuentes han recordado que si el PGOU no prospera, 'podría crear un conflicto social y supondría para el Ayuntamiento la incapacidad de llevar a cabo compromisos adquiridos'.
'PLAN NO JUSTIFICADO'
Fuentes de la Comunidad de Madrid han eludido pronunciarse sobre la petición del Consistorio moralejense, pero han recordado, en declaraciones a Europa Press, que el Ejecutivo regional 'se ha limitado, por el interés general de los residentes en la región, a no aprobar un Plan General que no está justificado', a raíz de los informes técnicos sectoriales que han determinado que el PGOU de Moraleja 'no es sostenible ni tiene un crecimiento progresivo'.
Ante la posibilidad de conflicto social, las mismas fuentes regionales han asegurado que la Comunidad 'está abierta a estudiar' otras fórmulas de desarrollo, como modificaciones puntuales para dar salida, en otros conflictos, al que mantienen unos 1.200 cooperativistas de 'La Tenería', acampados desde hace meses en los terrenos que adquirieron para construir sus pisos.
Por su lado, el Ayuntamiento moralejeño ha anunciado la constitución de una comisión mixta 'integrada por representantes de los colectivos afectados que tendrá la función de informar, analizar y consensuar las medidas a seguir a partir de este momento'.
La primera reunión de esta comisión se celebró en el Ayuntamiento el pasado martes, y a ella acudieron representantes de todos los sectores afectados para tratar de consensuar y acercar posturas. En esa cita se puso fecha a una asamblea general para trasladar 'a los asistentes las decisiones tomadas, y hacer valer el silencio administrativo positivo, amparándose en el vencimiento del plazo de cuatro meses que la ley establece para que se entienda aprobado el Plan desde el momento de su última entrega en la Comunidad de Madrid, fechado el 22 de octubre'.
Por último, fuentes municipales han recordado que, desde la primera aprobación provisional del Plan, en junio de 2009, 'se han ido subsanando los diferentes requerimientos solicitados por la Consejería, que, además, 'han sido consensuados de forma conjunta por técnicos de Urbanismo y del Ayuntamiento', hasta que, el pasado octubre, 'fue entregado completo el documento'.
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