Antes de que el 15-M se instalara en Sol, ya había un centenar de personas acampadas en la Cuesta de Moyano y en Moraleja de Enmedio. En ambos casos reclaman sus viviendas
El «campamento de la esperanza» que asedió parte del paseo de la Castellana durante cerca de 200 días en 2001 sentó un precedente a la hora de exigir derechos y demostrar la impotencia social ante la clase política y empresarial. En aquella ocasión, unos 1.500 trabajadores de Sistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones (Sintel) se atrincheraron en el corazón financiero de la capital con sus lonas, sus barracones e incluso un huerto para exigir los sueldos que les debía la que fuera filial de Telefónica, y que en ese año se declaró en quiebra. Aguantaron ocho largos meses, pero consiguieron su objetivo.
Particular o colectivamente, después de este asentamiento han sido muchos los que han emulando su proceder, aunque la gran mayoría sin obtener los mismos resultados. En el recuerdo más cercano y aún presente se encuentran los «indignados» de la Puerta del Sol, que han logrado acaparar la atención de los medios.
Pero antes que ellos ya estaban viviendo y protestando en las calles de la región los «indignadísimos» cooperativistas que han invertido los ahorros de su vida en una vivienda que no llega. Por un lado, los afectados por el presunto fraude de la gestora Ofigevi y Gespozuelo, que deberían estar disfrutando de un piso en el sureste de la Comunidad desde hace cinco años. Algunos de ellos pasan las horas muertas desde el 30 de abril en la parte baja de la Cuesta de Moyano, a la espera de que la Justicia haga que les devuelvan el dinero que les han «robado».
A más de 30 kilómetros de estas víctimas se hallan otros compañeros de tragedia que acampan en las tierras sobre las que se deberían alzar sus sueños. Allí permanecen día y noche desde el 1 de octubre del pasado año. A diferencia de los del 15-M, con los que simpatizan, estos «indignados» de peso ocupan suelo legalmente. Los de Madrid lo hacen con el permiso de la Delegación del Gobierno y los de Moraleja de Enmedio con el contrato en mano de sus terrenos.
CAMPAMENTO DE LA CUESTA DE MOYANO
«Nos sentimos ignorados, entrampados y estafados»
Seis de la tarde. 30 grados a la sombra. «Los días que nos ha llovido por la noche y que no teníamos lona han sido más duros», comenta sentada en una silla de plástico María Teresa, la madre de dos de los 15.000 cooperativistas afectados por la presunta estafa de las gestoras que preside Miguel Torralbo: Ofigevi y Gespozuelo. De pie, dando la espalda al parque botánico se escucha: «Para mí, más duro que eso ha sido que me robaran el otro día el bolso con toda la documentación», añade María José, la perjudicada que más tiempo lleva pagando su casa imaginaria: 14 años que le han supuesto 30.000 euros.
«A mí me ha dolido mucho que alguna gente que ha pasado por aquí me haya recriminado que le aconsejara a mis hijos meterse en estos pisos», expresa afligida María Teresa. «¿Cómo vas a imaginar algo así?», recrimina.
Junto a ellas luchan en ese momento otros ocho damnificados. «Normalmente estamos unos 20, aunque por la noche solo dos o tres para que no quiten el campamento», señala Yolanda, quien se ha deshecho de 50.000 euros para estas viviendas. Los desarrollos fallidos de El Cañaveral, Los Ahijones, Berrocales y Los Cerros deberían estar finalizados desde hace cinco años. Los perjudicados ahora se encuentran en concurso de acreedores, sin casa y sin posibilidad, por el momento, de recuperar las cantidades aportadas por la falta de liquidez y por la respuesta negativa de la aseguradora HCC Europe que les garantizaba dichos importes por ley. «Nos sentimos entrampados, ignorados, estafados... No sabes ni qué hacer. Maldices la hora en que accedimos a ese proyecto una y otra vez», se desahoga Juani, quien como sus compañeros mantiene la esperanza de que la Justicia les devuelva lo suyo.
CAMPAMENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO
«Estamos sin rumbo, y hemos de seguir pagando»
Daniel Plata es el primero en llegar al campamento por la tarde. Viene directamente de casa de sus padres. «No tengo dinero para meterme en nada más. Encima, estamos sin rumbo y hemos de seguir pagando», expresa mientras muestra su chocita construida a base de madera y plástico. Es en torno a las 19.00 horas cuando el asentamiento de Moraleja de Enmedio comienza a cobrar vida por no más de una veintena de personas al día. «Esto te va quemando y cada vez viene menos gente, pero aquí seguiremos unos cuantos, los más guerreros, hasta que lo consigamos y nos escuchen», expresa este joven mientras muestra el huerto que, dice, le retiene en el lugar.
Lo suyo parecía una compra segura. «La promoción se anunciaba en el periódico local, el Ayuntamiento (PP), sobre todo, y la Comunidad de Madrid avalaban el proyecto», explica Carmelo Pradas, otro de los acampados. Sin dudarlo, la cooperativa Tenería, formada por 1.200 socios, se lanzó a comprar el suelo rústico que se ubica en la carretera de Arroyomolinos del municipio, a la altura del número 3, el lugar donde se erigirían unas 10.000 viviendas —el municipio cuenta con 5.000 habitantes—. En 2001 comenzó toda la tramitación y diez años después están peor de lo que nunca imaginaron: sin viviendas y sin dinero y, en el caso de Carmelo, también sin trabajo. «Soy gruista. Me iba salvando de la crisis, pero ya me ha tocado. Vivo con mis padres y veo que con 35 años no puedo meterme en otro sitio», dice, desolado.
A diferencia de los acampados de la Cuesta de Moyano, su plan, propuesto por el Ayuntamiento, nunca ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid, debido a que el número de viviendas era desmesurado para el censo de habitantes de la localidad. «Para colmo, el Ayuntamiento nos ha cobrado 314.000 euros, un impuesto para pormenorizar el plan y no nos ha devuelto el dinero, cuando deberían haberlo hecho en 2007», añade.
Se han manifestado, han montado el campamento, se han llegado incluso a crucificar y a enterrar en el lugar para llamar la atención de los medios y los políticos, pero nada les ha servido para que llegue una solución a corto plazo. «Parece que se han acostumbrado a vernos, y eso sí que es un problema. Estamos en una situación insostenible. Ya se han dado de baja 800 personas y no se les puede devolver el dinero. En caso de que haya que liquidar la cooperativa, habrá que subastar el terreno y perderemos un 80% de lo aportado», vaticina Carmelo. Su esperanza la depositan en la reducción del número de viviendas que ha impuesto el Gobierno regional para que el proyecto continúe adelante. De 10.000 se bajaría a unas 2.500. «Eso nos vale», reza desmoralizado Carmelo, manifestando el parecer de todos sus compañeros.
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