martes, 4 de enero de 2011

Moraleja de Enmedio se enfrenta a la Comunidad de Madrid por su PGOU

El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio aprobó por "silencio administrativo" el plan municipal, que incluye la construcción de unas 10.000 viviendas, en la actualidad tiene 1.400 casas, al que se opone la  Comunidad de Madrid.

El plan multiplicará la población por 10 en 15 años, llegando a los 50.000 habitantes. Esta cifra es "excesiva" para la Comunidad, ya que en los 15 años anteriores el municipio creció únicamente en 2.423 habitantes. Este es el motivo por el cual el pasado 13 de diciembre el Ejecutivo regional denegó la aprobación de este plan, lo que formalmente devolvía el proyecto al Consistorio, que sin embargo lo ha aprobado. En el municipio han hecho oídos sordos, aprobando por "silencio administrativo" la norma que regirá el desarrollo urbanístico de los próximos años de un municipio situado en el sur de la Comunidad de Madrid, a 30 kilómetros de la Puerta del Sol.

De esta forma, se podría paralizar de facto el urbanismo en el municipio, a pesar de que el Ayuntamiento inició los trámites de modificación del plan en enero de 2001. Un portavoz de la Comunidad aseguró ayer que pese a la decisión del Consistorio de Moraleja de Enmedio, el plan no entrará en vigor, por lo que no será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Este departamento regional incluye en su respuesta al Consistorio unas consideraciones generales al modelo de crecimiento, que son la base para negar la aprobación del plan urbanístico: "El PGOU deberá justificar si los crecimientos propuestos responden a una demanda real y previsible de la población, coherente con el crecimiento de los últimos años"."En estas condiciones, y tras los informes sectoriales tan negativos, el plan de Moraleja de Enmedio no se puede aprobar", especifica el portavoz de la Dirección General de Urbanismo, que ha realizado el informe contrario a la decisión del Ayuntamiento de construir más de 10.000 viviendas en un municipio que tiene menos de 5.000 habitantes.

Además, Urbanismo también pide al Consistorio que debe justificar si ha elaborado una valoración de la realidad económica de la localidad, en estos momentos de crisis. Asimismo, el informe de Urbanismo destaca que la modificación del criterio de cómputo de la superficie edificable podría significar un aumento de la edificabilidad, algo que incrementaría aún más el número de viviendas, ya muy elevado en el plan. Según Urbanismo, Moraleja podría alcanzar una población de 50.000 personas con el actual plan, lo que supone diez veces más habitantes que ahora.

Pero a las deficiencias urbanísticas, la Comunidad añade otras de carácter jurídico. Entre ellas, El Ejecutivo autonómico añade la falta de abundante documentación relacionada con las alegaciones de los afectados por el plan general, así como la ausencia de referencias sobre las afecciones a las vías pecuarias, ya que en algunos planos de infraestructuras no se han tenido en cuenta. Tampoco se han incluido en el plan urbanístico otras especificaciones realizadas en relación con los parques regionales y otras zonas protegidas, como por ejemplo los bienes del Patrimonio Arqueológico o Paleontológico. El informe de Urbanismo revela que el plan contiene varios errores. El documento regional afea al Ayuntamiento por decir en su plan que entre las infraestructuras que pasan por el municipio está la M-50, "algo que entendemos se trata de un error".

Según el alcalde la aprobación del plan se fundamenta en el "silencio administrativo", una vez transcurrido el plazo de cuatro meses establecidos en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid "sin que por parte del Gobierno regional se haya adoptado y comunicado al Ayuntamiento acuerdo expreso alguno respecto al mismo". En este sentido, el Consistorio moralejeño ha informado de que la "última entrega" del PGOU en la Comunidad de Madrid había sido fechado el 22 de junio de 2010. Por su parte, la Comunidad considera que los meses de julio y agosto no computan, por lo que no se habrían superado los cuatro meses previstos por la normativa vigente, según esto el plan habría sido aprobado de forma ilegal.



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