El alcalde de Moraleja de Enmedio (4.712 habitantes), Carlos Alberto Estrada (PP), ha decidido enfrentarse a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, es de su propio partido, para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El alcalde convocó la semana pasada un pleno en el Ayuntamiento en el que la mayoría del PP, con la abstención del PSOE, ha aprobado por "silencio administrativo" el plan municipal, que incluye la construcción de unas 10.000 viviendas (en la actualidad tiene 1.400 casas), algo que según la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad, que se opone, multiplicará la población por 10 en 15 años, llegando a los 50.000 habitantes. Esta cifra es "excesiva" para la Comunidad, ya que en los 15 años anteriores el municipio creció únicamente en 2.423 habitantes. Este es el motivo por el cual el pasado 13 de diciembre el Ejecutivo regional denegó la aprobación de este plan, lo que formalmente devolvía el proyecto al Consistorio, que sin embargo lo ha aprobado. El alcalde, lejos de acatar la decisión del Gobierno regional, ha hecho oídos sordos, aprobando por "silencio administrativo" la norma que regirá el desarrollo urbanístico de los próximos años de un municipio situado en el sur de la Comunidad, a 30 kilómetros de la Puerta del Sol.
De esta forma, se podría paralizar de facto el urbanismo en el municipio, a pesar de que el Ayuntamiento inició los trámites de modificación del plan en enero de 2001. Un portavoz de la Comunidad aseguró ayer que pese a la decisión del Consistorio de Moraleja de Enmedio, el plan no entrará en vigor, por lo que no será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
Este departamento regional incluye en su respuesta al Consistorio unas consideraciones generales al modelo de crecimiento, que son la base para negar la aprobación del plan urbanístico: "El PGOU deberá justificar si los crecimientos propuestos responden a una demanda real y previsible de la población, coherente con el crecimiento de los últimos años"."En estas condiciones, y tras los informes sectoriales tan negativos, el plan de Moraleja de Enmedio no se puede aprobar", especifica el portavoz de la Dirección General de Urbanismo, que ha realizado el informe contrario a la decisión del Ayuntamiento de construir más de 10.000 viviendas en un municipio que tiene menos de 5.000 habitantes.
Además, Urbanismo también pide al Consistorio que debe justificar si ha elaborado una valoración de la realidad económica de la localidad, en estos momentos de crisis. Asimismo, el informe de Urbanismo destaca que la modificación del criterio de cómputo de la superficie edificable podría significar un aumento de la edificabilidad, algo que incrementaría aún más el número de viviendas, ya muy elevado en el plan. Según Urbanismo, Moraleja podría alcanzar una población de 50.000 personas con el actual plan, lo que supone diez veces más habitantes que ahora.
Pero a las deficiencias urbanísticas, la Comunidad añade otras de carácter jurídico. Entre ellas, El Ejecutivo autonómico añade la falta de abundante documentación relacionada con las alegaciones de los afectados por el plan general, así como la ausencia de referencias sobre las afecciones a las vías pecuarias, ya que en algunos planos de infraestructuras no se han tenido en cuenta. Tampoco se han incluido en el plan urbanístico otras especificaciones realizadas en relación con los parques regionales y otras zonas protegidas, como por ejemplo los bienes del Patrimonio Arqueológico o Paleontológico. El informe de Urbanismo revela que el plan contiene varios errores. El documento regional afea al Ayuntamiento por decir en su plan que entre las infraestructuras que pasan por el municipio está la M-50, "algo que entendemos se trata de un error".
El alcalde, Carlos Alberto Estrada, que no ha querido hacer declaraciones a EL PAÍS, aseguró a Europa Press que la aprobación del plan se fundamenta en el "silencio administrativo", una vez transcurrido el plazo de cuatro meses establecidos en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid "sin que por parte del Gobierno regional se haya adoptado y comunicado al Ayuntamiento acuerdo expreso alguno respecto al mismo". En este sentido, el Consistorio moralejeño ha informado de que la "última entrega" del PGOU en la Comunidad de Madrid había sido fechado el 22 de junio de 2010. Por su parte, la Comunidad considera que los meses de julio y agosto no computan, por lo que no se habrían superado los cuatro meses previstos por la normativa vigente, según esto el plan habría sido aprobado de forma ilegal.
Desde el Ejecutivo de Estrada justifican la decisión porque el plan ha sufrido una larga tramitación de casi 10 años, durante los que "las Administraciones regional y nacional han ido incrementando el número de viviendas del plan para evitar pagar de sus arcas las indemnizaciones correspondientes a los propietarios afectados por las cesiones de suelo para las carreteras AP-41, M-407 y M-410", y "para poner a disposición de la Comunidad de Madrid los suelos para un nuevo instituto y una escuela infantil, así como las infraestructuras de una nueva depuradora de aguas residuales, el desvío de líneas de alta tensión o el soterramiento de líneas de alta tensión en el término municipal".
Por su parte, la Comunidad replica al Consistorio: "No se pueden argumentar razones económicas para justificar el incremento residencial [...] con el fin de garantizar las posibilidades de financiación de las infraestructuras públicas ya realizadas y futuras". Pese a este rechazo, el Ayuntamiento sostiene que en 2009 se llegó a un acuerdo entre la Consejería de Ordenación del Territorio y el Consistorio para desarrollar el PGOU con 10.000 viviendas en dos fases, acuerdo que, según el alcalde, "hasta la fecha permanece sin cumplirse". El Ayuntamiento también precisó que "el problema del plan general son los 130 millones de euros que tendría que asumir la Administración regional para pagar expropiaciones y asumir el coste de infraestructuras supramunicipales".
Un portavoz de la Dirección Regional de Urbanismo aseguró ayer que la petición de 130 millones por parte del alcalde ha causado gran "sorpresa" en el Ejecutivo autónomo, que sostiene que el plan general no puedo aprobarse en las actuales condiciones, que plantean que el municipio tenga una población similar a la de Arganda del Rey, de 50.000 habitantes.
Solamente quiero comentar que las competencias en materia de Urbanismo son compartidas entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta materia es un ambito que requiere entre las administraciones implicadas unas especiales relaciones de colaboración y concertación de voluntades. Parece evidente que el retraso acaecido en la tramitación del expediente del PGOU y su posterior desestimiento, proviene fundamentalmente motivado por una notable descordinación entre las instituciones intervinientes. Además la Consejería de Urbanismo parece ignorar que entre sus funciones no está solo fiscalizar negativamente las propuestas que se presentan. La fiscalización que competa a esa Consejería ha de ser de utilidad, esto es, también positiva, mediante sugerencias, recomendaciones, indicaciones de soluciones desechables por principio y de soluciones aceptables, de modo que el Ayuntamiento sepa por donde proseguir su labor. Así lo imponen las reglas generales sobre relaciones inter administrativas que establecen los deberes de información mútua, colaboracion y asistencia activa entre administraciones en orden a evitar de que los ciudadanos se vean perjudicados en sus derechos.
ResponderEliminarNo entiendo como dos instituciones del mismo partido no tienen la coordinación suficiente como para sentarse y buscar una solución efectiva para el problema social de los socios de la Tenería que llevan acampados 4 meses en los terrenos donde debería poder construir sus viviendas.